Martín Aguilar
La Confederación Nacional de Profesionistas y Jóvenes de México (Conapro) informó sobre denuncias penales y administrativas por presuntos actos de corrupción cometidos en licitaciones simuladas y contrataciones amañadas en perjuicio estudiantes del Instituto Politécnico Nacional (IPN).
Su presidente, Silvio Octavio García Rodríguez, explicó que han detectado una serie de irregularidades en la dirección de Cómputo y Comunicaciones del IPN al actuar como técnico especializado, para los procesos de licitación pública.
“Parte de una auditoría de la Conapro, evidencia de que estos actos de posible corrupción se hacen desde administraciones pasadas y que ahora empañan de manera directa al actual director de la institución Arturo Reyes Sandoval, por su inacción”, dijo.
A decir del abogado Mauricio Hernández, quien encabeza dichos trabajos de auditoría, funcionarios como David Eduardo Magaña Martínez y Carlos Ruiz Víquez, han replicado las acciones corruptas de Francisco Javier Hernández Betancourt y Héctor Hugo Cota Chipol, para favorecer, por décadas, a firmas que ofrecen servicios de tecnología.
“De manera inexplicable firmas como IB Sistemas, Advance Networks. o sus filiales, Netcare, VG Telecomunicaciones y Asociados, Micro Mantenimientos, ETT, entre otras más, han sido beneficiadas por contratos gubernamentales, sin cubrir los requisitos de Ley”, explicó.
El litigante, que representa a miles de estudiantes afectados, agregó que servicios como mantenimiento e infraestructura tecnológica, entre ellas, servicios y productos como servidores, antenas, telefonía, equipos de cómputo e impresión, equipos de videoconferencia, licencias de software, han sido comprometidos en contra de la labor científica de los alumnos y del IPN.
“Es una mafia ya enquistada al interior del IPN que impide el libre desarrollo académico de alumnos e investigadores en tecnología, que ven mermado su conocimiento, a través de laboratorios, por una mala calidad, o incluso, falta de conexión en los servicios de tecnología”, sostuvo.
A amanera de ejemplo, citó la licitación LA-011B00001-E526-2021 que se le adjudicó a “LB Sistemas S.A. de C.V.”, “empresa que, sin cumplir los requisitos de ley obtiene de los funcionarios del IPN el contrato, ante los ojos de Carlos Ruiz Víquez causando un daño irreparable al patrimonio nacional”.
Las diligencias penales en la Fiscalía General de la República (FGR) y administrativas, también están dirigidas contra Javier Tapia Santoyo, secretario de Administración del IPN, quien presuntamente ha colaborado para aprobar contrataciones “a modo”.
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