Rebeca Marín
La Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCA) y el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia, ambos de la Ciudad de México, sumaron esfuerzos para evitar a falsos gestores y personal no autorizado que ofrecen servicios de representación jurídica.
Los presidentes de ambos organismos, Eleazar Rubio Aldarán y Salvador Guerrero Chiprés, renovaron un convenio para fomentar la cultura cívica en materia laboral.
“La oferta de servicios para acelerar trámites o juicios laborales por parte de personas sin autorización conlleva un riesgo para trabajadores en litigio que podrían ser víctimas de engaño o cobros excesivos, por lo que es importante combatir y cancelar esas prácticas”, señaló Guerrero Chiprés.
Expresó que el Consejo Ciudadano ha dado atención jurídica a 4 mil 67 personas por problemas laborales, entre 2020 y junio de 2023. En el primer semestre de este año hubo un aumento de 194 por ciento en comparación con el mismo periodo del año anterior.
Los principales motivos por los cuales las y los trabajadores buscan apoyo son por despido injustificado, derechos laborales, acoso u hostigamiento laboral, negativa a pagar liquidación; sueldo bajo, incompleto o incumplimiento de pago, problemas con compañeras o compañeros.
También por incumplimiento de contrato, accidente laboral, agresiones físicas o verbales, discriminación por situación de embarazo, difamación y ausencia de pago de utilidades.
Rubio Aldarán destacó que el convenio contribuirá a erradicar la corrupción e impulsar la asesoría jurídica para la atención de conflictos laborales. Abundó que el organismo a su cargo continuará abatiendo los rezagos, aun con retos como la reducción presupuestal y recorte de personal.
“Hemos implementado una serie de planes de trabajo muy específicos para que podamos avanzar a un mejor ritmo, y creemos que de esa forma se puede erradicar el problema de la corrupción; estamos comprometidos con las mujeres y hombres trabajadores para resolver en el menor tiempo posible su asunto laboral”, puntualizó.
El acuerdo tiene el propósito de promover la procuración de justicia, acercar de forma gratuita asesoría jurídica y psicológica ante conflictos laborales, así como prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres.
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