Las comisiones unidas del Congreso del Estado de México autorizaron a los 125 municipios de la entidad la posibilidad de contratar deuda hasta por 5 mil 500 millones de pesos para el ejercicio fiscal 2022-2023, a liquidar en un plazo de 15 años, otorgando como garantía de pago de los recursos del Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal.
Luego de que fuera aprobada la Ley de Ingresos de los Municipios para el próximo año, el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Maurilio Hernández González, precisó que solo aquellos municipios en «semáforo verde» financiero estarán en posibilidad de contratar préstamos.
Los diputados también pusieron como condición que los gobiernos interesados en contratar deuda deberán informar cada tres meses a la Legislatura la evolución del crédito.
Estos financiamientos tendrán destino a la realización de infraestructura, saneamiento de pasivos, nuevas obras y general al desarrollo de las localidades.
Para dar seguimiento al cumplimiento de requisitos de contratación, en las mejores condiciones financieras y vigilar el cumplimiento del pago, se acordó constituir un Comité Técnico integrado por dos personas representantes de la Secretaría de Finanzas, así como un integrante de la Junta de Coordinación Política, del Órgano Superior de Fiscalización (OSFEM) y del Instituto Hacendario del Estado de México (IHAEM), respectivamente.
De acuerdo con el dictamen, el monto máximo que cada municipio podrá contratar corresponderá con la estimación de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal que recibirán entre 2022 y 2024, y deberá pagarse antes del término de las gestiones que inician el próximo 1 de enero, por lo que no generarán deuda para las siguientes administraciones.
Para esta contratación, cada municipio deberá presentar de manera individual a la Legislatura la solicitud correspondiente en los términos de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.
Maurilio Hernández González manifestó que los municipios deberán contar con capacidad crediticia, la cual es determinada por áreas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, instancia federal que establece «semáforos financieros» de alerta, donde aquellos municipios en «rojo» o «amarillo» prácticamente les será imposible un nuevo préstamo y sólo aquellos en estatus «verde» tendrán esa posibilidad.
Se puntualizó que el Comité Técnico tendrá la encomienda de evaluar cada una de las posibles solicitudes de préstamo que puedan realizar los gobiernos municipales para reestructuración, refinanciamiento de su deuda y / o inversión pública productiva; con la acotación que para los dos primeros casos se podría autorizar siempre y cuando se cumplan los requisitos y se garantice que habrá mejores condiciones para las finanzas municipales.
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