Rebeca Marín
En la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer) se encuentra la solicitud por parte de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) para dar trato de emergencia y la emisión del dictamen para regular los precios máximos de gas licuado de petróleo (LP).
Esto forma parte de la directriz de emergencia para el bienestar del consumidor de gas licuado de petróleo, que publicó el día de ayer la Secretaría de Energía, en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y con la que se busca regular los precios ante los incrementos que ha tenido el energético.
De acuerdo con el documento, la Comisión establecerá una metodología que fije precios máximos al consumidor final de gas LP, a un costo que prevea el desarrollo de la industria y garantice el desarrollo económico, social y político del país, por una vigencia de seis meses.
Con el acuerdo se busca que los permisionarios de comercialización, distribución de gas LP por medios distintos a ductos; planta de distribución: autotanque, y vehículos de reparto, así como expendio al público de gas LP, en sus modalidades de bodegas de expendio, estaciones de servicio con fin específico y estaciones de servicio multimodal, a excepción de la modalidad estación de servicio para autoconsumo, se ajusten al nuevo esquema.
En su justificación, se explicó que el gas LP es un producto con un consumo relevante, principalmente en los sectores de menores ingresos conforme a la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2018, por lo que el Estado debe fomentar las condiciones de acceso al combustible a precios que garanticen la preservación de la democracia fundada en el desarrollo económico y social de sus habitantes.
El documento añade que el impacto que provocan los márgenes comerciales injustificados en la comercialización o distribución de gas LP tiene un efecto negativo severo en el bienestar de la población, al ser utilizado por el 79 por ciento de los hogares mexicanos, aproximadamente a 100 millones de personas en México.
La CRE solicitó a la Conamer se autorice el trato de emergencia para la propuesta de controlar los precios máximos del gas LP.
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