Rebeca Marín
Ante la implementación del Sistema de Control de Precios Máximos de venta al público, determinado por la Comisión Reguladora de Energía (CRE), las 1,292 Plantas de Distribución de todo el País enfrentan condiciones adversas que imposibilitan mantener la cobertura geográfica y el nivel de servicio que requiere la población consumidora, provocando con esto el cierre de rutas de reparto, desempleo y falta de inversiones estratégicas para garantizar el abasto a nivel nacional.
En México hasta hace un mes existían 35 mil rutas de reparto y 4,700 estaciones de servicio, mediante las cuales se realizaban más de un millón de servicios diarios en los hogares, en ciudades, rancherías, así como en comercios, hospitales, tortillerías, panaderías, hoteles, restaurantes e industrias. Debido a la situación actual, la Asociación Mexicana de Distribuidores de Gas Licuado de Petróleo y Empresas Conexas (Amexgas) estima que ya han cerrado aproximadamente un 10% del total de las rutas en el país, situación que podría agravarse en los próximos días.
El modelo económico de precios máximos que establece la CRE debería reflejar la realidad de los costos de operación de las empresas distribuidoras para evitar que se sigan cerrando más rutas generando desempleo y principalmente para garantizar el abasto a la población consumidora. Ya que de no hacerlo, esta situación podría afectar el suministro de este vital e importante energético en el 80% de los hogares mexicanos y en millones de pequeñas y medianas empresas que requieren del abasto diario de este vital producto para sobrevivir y mantenerse en operación.
México produce el 40% e importa el 60% del gas L.P. que consumimos, por lo que la escalada internacional de precios del energético ha impactado en los precios en nuestro País y en el resto del mundo. Analistas especializados consideran que estos precios seguirán subiendo durante los próximos meses de invierno, razón por la cual se hace urgente definir una “estrategia integral efectiva” que contemple los precios de Pemex, precios de venta al público y los costos reales de la distribución, se requiere de un modelo que sea sostenible, con apego a la realidad económica y que garantice el abasto a la población mexicana.
De continuar operando con un modelo de precios alejado de la realidad económica, se incrementa sustancialmente el riesgo de continuar eliminando zonas de reparto por la incosteabilidad económica, generándose con ello más desempleo, menos inversiones en infraestructura, más desabasto y fomentando con este escenario el incremento del robo de gas, la inseguridad y distribución ilícita del producto, afectando principalmente a la población consumidora.
Es necesario realizar operativos para combatir la distribución ilícita que opera con absoluta libertad, construir un modelo económico y operativo sustentable y con bases realistas y fundamentalmente brindar las condiciones de certeza jurídica y certeza económica que fomenten la actividad económica y el empleo que tanto necesita en el País en beneficio de todos mexicanos.
Las empresas distribuidoras, refrendan su compromiso con los consumidores y con la sociedad en general, para continuar trabajando y esforzándose al máximo en el suministro diario a los hogares y comercios del País.
La industria de Gas L.P. considera que en tiempos de crisis el diálogo, la comunicación y el trabajo coordinado son elementos indispensables para encontrar mejores soluciones, por lo que solicitamos formalmente una reunión con la CRE y con la SENER para revisar el modelo económico de precios máximos que se está aplicando y coadyuvar en encontrar una estrategia integral que permita brindar las condiciones necesarias para garantizar la distribución y el abasto de este vital producto para todos los Mexicanos.
