Martín Aguilar
La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) y los gobiernos de las entidades federativas que la integran, fueron exhortadas por el Congreso capitalino a revisar y actualizar los mecanismos y acciones tendientes a disminuir los contaminantes, así como controlar las fuentes de emisión que afectan la calidad del aire del Valle de México.
Diputados de las ocho fracciones y asociaciones parlamentarias estuvieron de acuerdo en que las malas condiciones en la calidad del aire contravienen el derecho de la población a un medio ambiente sano, de ahí la importancia de que se actualicen las acciones.
Por lo anterior, representantes populares apoyaron el dictamen elaborado a partir de una proposición suscrita por la diputada del PRI Tania Nanette Larios Pérez, ante la preocupación sobre los efectos en la salud causados por la exposición a ozono, entre los que se encuentran irritación del sistema respiratorio, tos, reducción de la función pulmonar, empeoramiento del asma e inflamación de las células que cubren los pulmones.
Al fundamentar el instrumento legislativo, la congresista del PAN América Alejandra Rangel Lorenzana, a nombre de Comisiones de Desarrollo Metropolitano y de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático y Protección Ecológica, sostuvo que debido a la falta de medidas eficaces de la CAMe, la zona metropolitana del Valle de México (ZMVM) acumula contingencias ambientales por alto nivel de ozono.
“Para nadie es sorprendente que en diversas ocasiones se haya activado la fase 1 de contingencia ambiental cuando los parámetros son rebasados que traen aparejados diversas recomendaciones, sobre todo, restricciones vehiculares de circulación lo que afecta la vida de la ciudadanía”, delineó.
La panista expuso que la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México ha emitido recomendaciones ante la preocupación por las condiciones en la calidad del aire, lo que atenta al derecho de un medio ambiente sano del que goza la ciudadanía.
Para los representantes populares resulta fundamental que las autoridades de los gobiernos involucrados en la comisión ambiental, sean escuchadas para tomar en cuenta sus sugerencias en torno a una reestructuración de las acciones que permitan combatir de manera conjunta la contaminación en las entidades.
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