Martín Aguilar
La Legislatura mexiquense pidió, por unanimidad, al gobernador Alfredo Del Mazo reglamentar la supervisión de los Cuerpos de Seguridad Auxiliar del Estado de México (CUSAEM) e instruir la revisión y capacitación de sus elementos, como medidas para atender las Recomendaciones 97 y 98 del 2019 emitidas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
La diputada Azucena Cisneros alertó que, al día de hoy, la corporación opera en la ilegalidad, ante la ausencia de un marco normativo específico, y sus elementos, algunos señalados de la comisión de conductas delictivas y violación a los derechos humanos, en la impunidad.
La morenista recordó que sobre los CUSAEM pesan acusaciones como la denominada «Operación Safiro» surgida de una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad de la que se desprende que ex elementos y elementos habrían triangulado recursos a través de 12 empresas.
Con este esquema, refiere la investigación, se desviaron 650 millones de pesos en los estados de Chihuahua, Sonora, Colima, Durango, Estado de México, Morelos y de la Delegación de Milpa Alta de la Ciudad de México (CDMX) para presunto financiamiento ilegal de campañas electorales priistas en 2016.
A pesar de que el Gobierno del Estado de México ha señalado que los CUSAEM están integrados por personas que no tienen el carácter de servidores públicos, prosiguió, la corporación usa insignias, escudos y armas de fuego de la Policía estatal al amparo de la licencia oficial colectiva 139 otorgada a la Comisión Estatal de Seguridad, hoy Secretaría de Seguridad del Estado de México.
La autoridad mexiquense permite lo anterior, expuso, a pesar de las múltiples sanciones administrativas impuestas a los CUSAEM por el empleo de armamento en actividades de seguridad privada fuera del Estado de México, sin la autorización correspondiente, y por su reincidencia en incumplir las disposiciones de la licencia.
Además, destacó, su personal se encuentra afiliado al Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMyM), a quien adeudan más de mil 400 millones de pesos por cuotas y aportaciones de sus elementos.
Con Enrique Peña como gobernador, recordó, los CUSAEM recibieron contratos millonarios para brindar seguridad a dependencias estatales, sin que se pueda conocer el servicio, número de elementos, importe y organismo contratante, pues los datos fueron clasificados como información reservada a 9 años, arguyendo amenaza a la seguridad. También se reservaron los convenios con el ISSEMyM de 2010 a 2013.
La plataforma nacional de transparencia, dijo, revela que a los CUSAEM se otorgaron 105 contratos por 3 mil 389 millones de pesos para brindar seguridad a dependencias federales en el periodo presidencial de Peña Nieto, pero en algunos casos no se encuentran disponibles para su consulta o contienen apartados reservados.
De igual manera, añadió, ante las múltiples solicitudes de información de los ciudadanos, las dependencias gubernamentales niegan el acceso a la información sobre el actuar de esta corporación.
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