Martín Aguilar
El caso conocido como la casa blanca, uno de los escándalos que marcaron el sexenio de Enrique Peña Nieto y que involucró a su ex esposa Angélica Rivera Hurtado y a la constructora Higa en la presunta comisión de los delitos de conflicto de intereses y ejercicio indebido del servicio público, quedará en la impunidad: nunca hubo una denuncia administrativa o penal, de acuerdo a la Secretaría de la Función Pública,
El tiempo para la acción penal ya prescribió, ya que esos delitos se sancionan con penas que van de cuatro a siete años y tanto el conflicto de intereses como el presunto otorgamiento irregular de 33 contratos donde la casa blanca fue elemento central, ocurrieron entre 2012 y 2014, señalaron funcionarios federales.
Durante el tiempo que se presentaron varias solicitudes de ciudadanos de información pública a las secretarías de la Función Pública (SFP) y de Hacienda y Crédito Público (SHCP); a la Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF), el Servicio de Administración Tributaria (SAT), la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
Ninguna de ellas dijo haber formulado denuncia para que la Fiscalía General de la República (FGR) investigara o el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) sancionara al ex mandatario, su entonces esposa o a la constructora que encabeza el empresario Juan Armando Hinojosa Cantú.
La única denuncia penal relacionada con este caso la formuló la SFP en 2019 por la desaparición del expediente original, que se integró entre 2014 y 2015, todavía en el gobierno de Peña Nieto.
El juicio por la “pérdida” del expediente que pudo servir para sustentar acusaciones concluyó en mayo de este año. El tercer tribunal unitario en materia penal, con sede en la Ciudad de México, determinó que José Gabriel Carreño Camacho, ex subsecretario de Responsabilidades Administrativas y Contrataciones Públicas; Jesús Antonio Suárez, ex director general de Denuncias e Investigaciones, y Daniel Pérez Rueda, ex director general adjunto de Investigaciones B, todos de la SFP, fueron responsables del delito de ejercicio ilícito del servicio público.
Sin embargo, la pena para los tres consistió en realizar acciones de servicio social y ofrecer una disculpa pública por no haber resguardado debidamente la documentación original y dejada en su lugar una copia de la versión pública con todos los datos importantes testados (tachados o borrados).
La casa blanca es un inmueble ubicado en Sierra Gorda 150, en Lomas de Chapultepec, con valor de 54 millones de pesos. Fue adquirido el 12 de enero de 2012 por Angélica Rivera a la empresa Ingeniería Inmobiliaria del Centro, una compañía subsidiaria de Grupo Higa.
Este caso de presunta corrupción y conflicto de intereses estalló por el antecedente de que Higa fue un contratista habitual del gobierno del estado de México cuando lo encabezó Peña Nieto (2005-2011). Se hizo público en noviembre de 2014, por lo cual la SFP comenzó una investigación y en agosto de 2015 dio a conocer las conclusiones.
Tras revelarse el escándalo, Rivera aseguró que ella adquirió el inmueble con recursos propios, obtenidos de su trabajo en Televisa, pero en diciembre de 2014 regresó el dominio de la propiedad a Grupo Higa.
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