Este “cáncer” se debe castigar de manera monetaria o con cárcel
Al razonar su voto a favor sobre la Iniciativa con Proyecto de Decreto por la que se reforman diversas disposiciones de la Ciudad de México en materia de sanción administrativa a los actos de discriminación presentada por el diputado Temístocles Villanueva Ramos, la legisladora Silvia Sánchez Barrios señaló “la discriminación representa una temática que inquieta y preocupa a todos los que luchamos cotidianamente y desde hace años, por una sociedad más incluyente, justa y democrática”.
Durante su razonamiento la legisladora señaló que este problema no disminuye al contrario sube de forma peligrosa y que hasta el momento no se puede resolver y “este mal adopta nuevas formas y modalidades para expresarse, cambia de rostros, se hace más sofisticada y sutil.
Explicó que cuando se habla de discriminación la referencia es a toda diferencia de trato, distinción, exclusión, limitación o preferencia que se encuentra fundada en el origen y la pertenencia étnica, el color de la piel, la preferencia sexual, el idioma, la cultura, la religión, las opiniones políticas, el origen nacional, la posición que ocupamos en la vida económica o social, y que tiene como finalidad alterar o eliminar la igualdad y la equidad que debe existir entre las personas.
La discriminación, dijo la legisladora se produce en distintos ámbitos y con intensidades variables, siendo en cualquier caso una violación, o mejor, una negación del principio básico de la igualdad de oportunidades porque toma en cuenta, directa o indirectamente, factores que no tienen nada que ver con las capacidades reales de las personas por lo que debilita el ejercicio de los derechos ciudadanos
Asimismo, agregó “esta propuesta de dictamen que presentan las Comisiones Unidas de Administración y Procuración de Justicia y de Administración Pública Local, permite señalar la responsabilidad tanto de los servidores públicos o de trabajadores, con una relación de poder sobre clientes o empleados, así como ministros religiosos con sus subordinados; para no repetir ni reproducir actos de discriminación, que a la larga abonan a creer que los prejuicios son correctos o aceptables en un Estado de Derecho”.
Finalmente, comentó Sánchez Barrios “lo más valioso es que se crean las condiciones necesarias no sólo para castigar de manera monetaria o con cárcel este tipo de actos, sino para desmontar a los grandes prejuicios que aún existen en nuestras comunidades.
Por lo que es de aplaudir la iniciativa que presentan las y los integrantes de las Comisiones Unidas de Administración y Procuración de Justicia y de Administración Pública Local, para construir una Ciudad con mayores garantías para el ejercicio de los derechos humanos”.
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