Rebeca Marín
El Gobierno mexicano investiga al juez que suspendió la histórica multa de 9.145 millones de pesos, unos 466 millones de dólares, a Iberdrola. La decisión judicial, que representó una primera victoria para la multinacional española, no ha sentado bien en el Ejecutivo. El presidente Andrés Manuel López Obrador ha afirmado este lunes que denunciará al juzgador si se descubre alguna irregularidad. No es la primera vez que el mandatario carga contra los jueces por frenar varias de sus políticas energéticas.
López Obrador ha tachado de “increíble” la decisión del juez especializado en asuntos relacionados con la competencia económica. Lo ha acusado, además, de aceptar documentos fuera de plazo. “Se está haciendo la investigación. Nos vamos a ir al fondo, porque les aceptaron documentación extemporánea. Estamos haciendo la investigación y si fue así, denuncia a jueces y a quienes hayan participado”, ha declarado durante su conferencia de prensa matutina.
La suspensión definitiva otorgada la semana pasada por el juez a Iberdrola permite a la multinacional evitar el pago de la multa en lo que dura el juicio. La sanción es una de las más altas jamás impuestas por la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y supone la mitad de los beneficios netos reportados por la compañía durante el primer trimestre del año a escala global.
La CRE determinó que una central de la empresa en Monterrey operaba de manera ilegal porque cobraba a sus clientes por el suministro de electricidad, algo que está prohibido por la ley, según el regulador. Iberdrola, por su parte, defendió la legalidad de la operación y presentó un amparo frente a la decisión de la CRE. La suspensión definitiva es solo un capítulo más dentro de una batalla judicial que se prevé larga. En septiembre, se celebrará una audiencia para discutir el fondo del asunto.
Este proceso judicial de alto voltaje político es seguido de cerca por López Obrador. El mandatario ha hecho de Iberdrola, la principal productora privada de electricidad en México, uno de sus blancos de ataque favoritos. A principios de junio, el mandatario aseguró que la empresa “tenía que pagar”. “Pueden acudir a otras instancias y al Poder Judicial, pero de que está fundada la sanción, no tengo duda”, dijo.
El mandatario ha visto cómo su política energética de corte nacionalista hacía aguas en los tribunales, y no ha dudado en criticar a los jueces. El año pasado, pidió investigar a un juez por otorgar amparos a las empresas energéticas frente a las modificaciones a la ley eléctrica. Mes y medio después, el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Zaldívar, dijo que no se había encontrado “nada irregular” en la actuación del juzgador.
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