Rebeca Marín
Aunque su nombre y compañía aparecen ligados a Emilio Lozoya y al caso Odebrecht y en investigaciones sobre robo de hidrocarburos, Juan Carlos Tapia Vargas, dueño de Construcciones Industriales Tapia (Citapia), ahora es contratista de la refinería Olmeca, uno de los proyectos estrella de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador.
No ganó sus nuevos contratos bajo la razón social de Citapia, empresa que aparece en las investigaciones, sino a través de otras firmas de reciente creación o que se constituyeron tiempo atrás, pero se les cambió el nombre. En todas aparecen como accionistas el empresario hidalguense, su familia y otros asociados.
El 26 de julio de 2019, PTI Infraestructura de Desarrollo, filial de Pemex Transformación Industrial, adjudicó a la empresa Mexicana de Recipientes a Presión S.A. de C.V. –en asociación con Kellogg Brown & Root, LLC y Constructora Hostotipaquillo, S.A. de C.V.– el contrato PTI-ID-S-007/2019 para el «Desarrollo del Paquete 6 de la Refinería en Dos Bocas, Paraíso, Tabasco».
El monto del contrato fue de 78 millones 430 mil dólares (mil 495 millones de pesos al tipo de cambio de ese día), sin incluir IVA, según se lee en el acta de fallo.
Mexicana de Recipientes a Presión se constituyó el 22 de enero de 2007 por Juan Carlos Tapia Vargas, Selene Martínez Abarca y Gilberto Juan Tapia Vargas. También figura como accionista Carlos Morín Montes, quien se ha identificado como director jurídico de Citapia.
El 20 de noviembre de 2020, la compañía cambió su nombre a Procesos Especializados y Proyectos, S.A. de C.V. (Proesa), según actas del Registro Público de Comercio en poder de El Sol de México.
El 6 de junio de 2019, casi dos meses antes de que Mexicana de Recipientes a Presión ganara la adjudicación para participar en la construcción de Dos Bocas, la Secretaría de la Función Pública (SFP) había sancionado a Citapia y a otras tres empresas como parte de las investigaciones por el caso Odebrecht.
La dependencia a cargo entonces de Irma Eréndira Sandoval le impuso una multa de 206 millones 658 mil de pesos y la inhabilitación para participar en contratos de la administración pública durante dos años por presuntamente haber falseado información a Pemex con el propósito de obtener un beneficio o ventaja. Sin embargo, la empresa ganó un amparo que dejó sin efecto la sanción.
Vinculada a Proesa, antes Mexicana de Recipientes a Presión, está la empresa Grupo Constructor Industrial Oil & Gas (GCI), subcontratada por ICA y Techint para realizar también trabajos en Dos Bocas.
En su portal de internet, GCI describe que trabaja en el proyecto Rack de Integración Refinería Olmeca, en Dos Bocas, con sus clientes IDINSA y Proyecta.
GCI se creó en Tula, Hidalgo, el 13 de diciembre de 2017, con Abel Vargas Rosales, Yosimar Moreno Constantino y Selene Martínez Abarca como accionistas, todos también tenedores de partes en Proesa (aunque en 2019 decidieron vender sus acciones).
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