Rebeca Marín
La Comisión Reguladora de la Energía (CRE) abrió un expediente sancionador contra la eléctrica española Iberdrola, a la que acusa de vender energía de forma irregular.
La resolución fue aprobada por unanimidad en la sesión del viernes 28 de enero y en ella se considera que la planta Dulces Nombres, ubicada en Pesquería, Nuevo León, hizo negocio con su producción a pesar de tener un permiso de autoabasto.
En opinión de la CRE, esto viola el artículo 36 de la Ley del Servicio Público de Energía (LSPEE), que señala que los titulares de estos permisos «no podrán vender, revender o por cualquier acto jurídico enajenar capacidad o energía eléctrica, salvo en los casos previstos expresamente».
En el documento, la comisión reguladora señala que podría imponer una multa millonaria, ya que la ley prevé 100 veces el salario mínimo de la Ciudad de México por cada KW generado. La planta tiene una capacidad máxima de 700, por lo que la sanción podría superar los 8 mil mdp.
Se consultó con Iberdrola, pero la empresa señaló que por el momento no iba a dar declaraciones. Tampoco la CRE ni la Comisión Federal de Energía (CFE) quisieron hablar.
Esta última se limitó a señalar que el expediente, en caso de existir, está en manos de la reguladora y que la relación con la planta de Pesquería se extinguió el pasado 31 de enero, cuando terminó el contrato, por lo que la planta tuvo que desconectarse.
El expediente fue iniciado tras una denuncia de la CFE presentada en septiembre de 2020. Para entonces, Iberdrola ya había presentado amparos contra varias iniciativas del gobierno federal: el acuerdo para otorgar Certificados de Energías Limpias y la Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional.
En paralelo, la inconformidad del presidente Andrés Manuel López Obrador iba creciendo con la eléctrica, a quien acusa de tener contratos ventajosos y de perjudicar a los mexicanos. En este tiempo los señalamientos fueron subiendo de tono.
En octubre de 2021, un año después de que CFE presentara la denuncia, López Obrador acusó al gobierno español de parecer «un empleado» de Iberdrola. Aunque la escalada nunca llegó tan lejos como el miércoles, cuando el jefe del gobierno federal abogó por «pausar» las relaciones con España. Nuevamente, Iberdrola fue una de las compañías señaladas por el mandatario.
El expediente sancionador se basa en que la CRE considera que hay permisos de autoabasto que se están empleando para crear un «mercado paralelo» ventajoso para las empresas pero que no respeta la ley. El sistema es el siguiente: se crea una sociedad, en la que entran socios que financian la central (en este caso Iberdrola) y otros muchos que entran y reciben la energía sin tener que pagar los costes de porteo, que siguen quedando en manos de la Comisión Federal de la Energía (CFE).
En el caso de la planta de Iberdrola de Pesquería, el primer permiso de 2002 contemplaba 47 empresas asociadas y la posibilidad de incrementarse a otras 109. Actualmente eran 497 las compañías que formaban parte de la sociedad.
