Rebeca Marín
Durante los últimos años México ha bajado posiciones en el ranking mundial de competitividad digital realizado por el Instituto para el Desarrollo Gerencial (IMD) (fuente). En él se evalúa la capacidad de 64 economías de adoptar tecnologías digitales para la transformación económica de sus empresas, gobierno y sociedad.
Este año México se encuentra en el puesto 56, dos posiciones abajo en comparación con el año anterior. Sin embargo, lo más preocupante es que ha caído dramáticamente en el componente de marcos regulatorios para la adopción tecnológica -que también se evalúa en el ranking-. En este aspecto, perdió 15 lugares al pasar del sitio 39 en 2017 al 54 en 2021.
Esto evidencia que en vez de prepararse institucionalmente para hacer una transformación digital en materia regulatoria, México desincentiva el establecimiento de empresas, emprendedores e inversionistas que contribuyan a la transformación digital.
Ello a pesar de haber firmado un Tratado de Libre Comercio que incluye un capítulo de comercio digital. Algunas de las iniciativas o regulaciones adversas que han sido propuestas incluyen temas fiscales, de contenido y de servicios en la nube.
Por ejemplo, está el “kill switch” o bloqueo de internet que las autoridades mexicanas establecieron como sanción a las plataformas digitales que no cumplan con sus obligaciones fiscales; medida que es controversial y preocupante.
El bloqueo implica procesos vagos para implementarlo, además de que algo similar no se emplea en ningún otro país, pero podría animar a otros a hacerlo. Por otro lado, impactaría negativamente a los proveedores de servicios de Internet, al ser propicio a los errores.
Aún más, los costos económicos serían graves: bloquear el acceso a YouTube un solo día costaría 18 millones de dólares y es inconsistente con el T-MEC y sus artículos 15.3 (Trato Nacional), 18.3 (Acceso y Uso), y 19.10 (Principios de Acceso y Uso de Internet para el Comercio Digital).
Aunado a ello, dado que el ‘kill switch’ no se aplicaría a las plataformas nacionales, se podría argumentar que es discriminatorio.
Otro ejemplo es la iniciativa de cuota del 15% para contenido nacional (no mayor de 25 años) en plataformas de streaming, que en el pasado propuso el Senador Ricardo Monreal, la cual tenía el potencial de impactar negativamente la industria audiovisual en México y a los consumidores mexicanos.
Hubiera sido poco probable que cualquier proveedor la implementara dados los miles de títulos en sus catálogos y el número finito de títulos mexicanos.
Sólo reduciendo drásticamente su inventario se hubiera llevado a cabo, pero limitando el acceso de los mexicanos al contenido y socavando su derecho al entretenimiento.
Un ejemplo más es la doble proveeduría de servicios de nube para las fintech propuesta por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y el Banco de México.
Dicha regulación impacta negativamente tanto al comercio digital como a la banca en línea, pues implica complejidades operativas y altos costos al requerir centros de datos en un servidor local y en la nube de forma simultánea para los emprendedores y las pymes.
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