Martín Aguilar
El ataque armado en las instalaciones de Canal 44 y radio de la Universidad de Guadalajara (UdeG), en Jalisco el 28 de diciembre -en el que fueron asesinados dos guardias de seguridad, Gustavo Cantú y Hugo David Pelayo- generó el repudio público a la violencia contra los periodistas y medios de comunicación, y con ello, un reclamo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y de la Oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH).
Se trata del segundo ataque que el canal recibe, el anterior ocurrió el 30 de noviembre cuando sujetos desconocidos intentaron ingresar a la estación, pero no con el mismo nivel de violencia.
La ONU-DH, dirigida por Guillermo Fernández-Maldonado Castro, expresó sus condolencias a las familias, colegas y amistades de las dos víctimas, hizo un llamado a las autoridades de todos los niveles de gobierno a investigar, identificar y sancionar a los responsables de este ataque, e instó a las autoridades a agotar todas las líneas de investigación, “incluso la hipótesis de una posible vinculación del ataque con la labor periodística realizada por el Canal 44 y los otros medios”.
“Cuando existan evidencias de que un delito consumado pueda ser un delito contra la libertad de expresión, la investigación debería avanzar dando por supuesto que se trata de un delito de tal naturaleza hasta tanto se demuestre lo contrario, y deberían agotarse todas las vías de investigación relevantes vinculadas con los actos de expresión de las víctimas”, detalló la organización.
Sin embargo, hasta el momento, la Fiscalía del Estado ha determinado que -basados en versiones de familiares- el posible móvil de la agresión fue el robo de una motocicleta, y no se trataría de un ataque en contra de las instalaciones del canal.
Mientras que la CNDH, presidida por Rosario Piedra, solicitó al comandante de la Guardia Nacional, Luis Rodríguez Bucio; al gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro; al secretario general de Gobierno, Enrique Ibarra Pedroza; al fiscal general del estado, Gerardo Octavio Solís, y al secretario de Seguridad de Jalisco, Juan Bosco Agustín “la implementación de medidas cautelares” para evitar que los hechos queden impunes.
Así como para “salvaguardar la vida, seguridad física e integridad emocional del personal que labora en la estación y la del periodista Gabriel Torres Espinoza, además de que contribuyen a proteger de otro posible ataque el inmueble del Canal 44 y Radio UdeG”, y puntualizó que estas medidas contribuyen a proteger de otro posible ataque el inmueble de los medios de comunicación.
Repudió la violencia en contra el gremio periodístico, y enfatizó que la investigación de los delitos cometidos en su agravio y la sanción contra quienes cometen estas violaciones, «constituyen eslabones clave para reducir los ataques que sufren en el desempeño de su labor».
