Martín Aguilar
Los familiares de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa aún no son notificados por las autoridades sobre la absolución de José Luis Abarca, exalcalde de Iguala, Guerrero, ni el alcance que ésta puede tener en la desaparición de los jóvenes estudiantes en 2014, informaron organizaciones de la sociedad civil que acompañan a las madres y padres en el caso.
El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Fundar y Será Paz, detallaron que tampoco se les ha brindado ningún detalle sobre la detención del día de ayer del comandante del 27 Batallón de Infantería con sede en Iguala, José Rodríguez Pérez, por lo que desconocen los cargos que se le imputan.
Sobre el fallo a favor de Abarca, por parte del juez federal Samuel Ventura Ramos, las organizaciones señalaron que hasta el momento conocen que éste también implicaría a 19 personas más, entre ellas al menos 11 expolicías municipales de Iguala, presuntamente controlados por la delincuencia organizada.
Explicaron también que la sentencia deriva de una acusación iniciada en 2014 por la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, entonces a cargo de Gualberto Ramírez, y que “presentó numerosas irregularidades, incluyendo la práctica extensiva de la tortura” y la incorrecta tipificación del delito, pues este fue tratado como secuestro y no desaparición forzada»
Aunque la falta de información que les han facilitado las autoridades no les permite ser más contundentes, los padres y las organizaciones que los acompañan señalan que la absolución más que ser producto del trabajo del juez y del Juzgado Primero de Distrito con sede en Tamaulipas, como culpó ayer el subsecretario de gobernación, Alejandro Encinas, es responsabilidad del pobre trabajo de la entonces Procuraduría General de la República.
Por ello, como en su momento insistimos reiteradamente los representantes de las familias, debieron presentarse nuevas acusaciones con la tipificación correcta de desaparición forzada y con pruebas ilícitas, pues era previsible que este fallo llegaría”, lamentaron.
Respecto a la detención del excomandante José Rodríguez Pérez, el Centro Prodh y compañía expusieron que los familiares de los 43 jóvenes tampoco han sido notificados sobre ésta. Ello, pese a que el gobierno federal lo ha señalado como el responsable de ordenar la muerte de seis de los estudiantes días después de su desaparición.
Hasta el momento los padres desconocen los alcances que esta detención pueda tener, pero que “dado la prueba sobre la colusión del 27 Batallón de Infantería con la delincuencia organizada es abundante, si este proceso avanza con prueba sólida puede ser muy relevante para que rindan cuentas quienes por acción u omisión tienen responsabilidades”.
De acuerdo con lo informado por el subsecretario de Seguridad Ricardo Mejía Berdeja durante la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, además del excomandante Rodríguez Pérez también fueron detenidos otros dos elementos militares por su probable responsabilidad en el caso Ayotzinapa.
Sin dar más detalles, éstas serían las primeras detenciones desde que el pasado 26 de agosto, a petición de la Fiscalía General de la República, un juez giró 83 de aprehensión contra mandos militares, personal de tropa de la Secretaría de Defensa Nacional; policías municipales y estatales; autoridades administrativas y judiciales; y presuntos integrantes de los Guerreros Unidos.
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