Martín Aguilar
Luego de ser absuelto por el secuestro de los 43 normalistas de Ayotzinapa, un juez federal giró tres nuevas órdenes de aprehensión contra José Luis Abarca, expresidente municipal de Iguala, Guerrero, por su presunta responsabilidad en delitos relacionados con el narcotráfico, derivado de su aparente relación con el grupo criminal conocido como “Guerreros Unidos”.
Las nuevas órdenes de aprehensión fueron cumplimentadas el 16 de septiembre por elementos de la Fiscalía General de la República (FGR), apenas dos días después de que el juez Samuel Ventura Ramos, del Juzgado Tercero de Distrito en Procesos Penales Federales con sede en Matamoros, Tamaulipas, absolvió al exedil de su presunta responsabilidad en el caso Ayotzinapa.
De acuerdo con fuentes consultadas por El Sol de México, estas órdenes no están relacionadas con la desaparición de los 43 normalistas la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre de 2014, pero sí derivan de los trabajos de investigación realizados por la Comisión de Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa a cargo del subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas.
Los mandamientos judiciales también contemplan la responsabilidad de María de los Ángeles Pineda, esposa del expresidente municipal de Iguala, y del exsecretario de Seguridad Pública local, Felipe Flores Velázquez.
La semana pasada, a pesar de ser absuelto por el caso Ayotzinapa, Abarca tuvo que permanecer preso en el penal del Altiplano, pues aún debe purgar al menos dos acusaciones por sus probables nexos con los Guerreros Unidos y por el homicidio de los activistas Arturo Hernández Cardona y Justino Carbajal Salgado.
Al día siguiente, el 15 de septiembre, ante el rechazo del gobierno federal por la decisión del juez, el subsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía, informó en la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, que la FGR cumplimentó tres órdenes de aprehensión contra personal militar, entre ellos el excomandante del 27 Batallón de Infantería con sede en Iguala, José Rodríguez Pérez, quien habría ordenado el asesinato de seis jóvenes normalistas días después de su desaparición.
Sin embargo, hasta ese momento organizaciones de la sociedad civil que acompañan a los padres de los jóvenes estudiantes denunciaron que no se les había notificado nada al respecto, por lo que desconocían los alcances de los cargos imputados contra el exmilitar.
Explicaron también que la sentencia a favor de Abarca derivó de una acusación iniciada en 2014 por la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, entonces a cargo de Gualberto Ramírez, la cual “presentó numerosas irregularidades, incluyendo la práctica extensiva de la tortura” y la incorrecta tipificación del delito, pues este fue tratado como secuestro y no desaparición forzada. De tal manera que, consideraron, más que ser responsabilidad del juez, la absolución es culpa del pobre trabajo realizado por la entonces Procuraduría General de la República.
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