Martín Aguilar
El número de amparos que han promovido ciudadanos en contra de servidores públicos por ser bloqueados en redes sociales pasó de 25 expedientes en 2019 a más de 110 en lo que va de 2022.
La mayoría de las restricciones que han impuesto los funcionarios en sus cuentas personales e institucionales han sido por críticas a su desempeño de trabajo, falta de resultados y hasta por memes.
En una revisión a la base de datos del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) se detectó que la mayoría de los procedimientos que han impulsado vecinos, académicos y especialistas en los últimos años han sido motivados por «impedir la libertad de expresión», la nula rendición de cuentas por un servidor público y el interés público que generan como trabajadores del Estado.
Nadie tiene la piel tan delgada como nuestros funcionarios de la 4T, no veo en ninguno de mis tuits faltas al respeto Epigmenio Ibarra, hoy me bloquea, además entiendo que como funcionario por ley no puede hacerlo, ¡vaya caso!.
Aseguró Arturo Castagné Couturier. Ciudadano que fue bloqueado en Twitter.
Y es que la mayoría de estos amparos son resueltos a favor de los solicitantes en donde la Suprema Corte de Justicia de la Nación emplaza a regidores, alcaldes, diputados, presidentes municipales y hasta gobernadores a recular en su decisión en un plazo no mayor a 72 horas. En otras situaciones se pide al funcionario en turno que ofrezca disculpas y mantenga comunicación con los ciudadanos.
Edgard Martínez Sánchez, abogado y defensor de derechos humanos, aseguró que los bloqueos de cuentas en redes sociales son cada vez más recurrentes en los tres niveles de gobierno, debido a que la participación de vecinos en plataformas digitales se disparado en los últimos años, tan es así que consideró que el éxito de un gobierno o gobernante se puede determinar a través de las redes sociales.
En su legitimo derecho de exigir una rendición de cuentas, ciudadanos se han volcado en las redes sociales como Twitter y Facebook para pedir a sus gobernantes que hagan las cosas lo mejor posible. Sin embargo, ante las críticas, muchos de ellos optan por restringir los accesos en lugar de dialogar y buscar vías de solución.
Precisó que ha recibido más de diez casos de vecinos que han sido bloqueados por diputados de la Ciudad de México, por lo que se interpusieron amparos para que se respete la libertad de expresión.
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