Rebeca Marín
La separación de tres funcionarios de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) fue injustificada, debido a que no se presentaron pruebas contundentes en contra de los servidores públicos, sólo el titular de la institución, Ricardo Sheffield.
El 4 de mayo el titular de la Secretaría de Gobernación, Adán Augusto López, informó que «acordó con el titular de la Función Pública, Roberto Salcedo Aquino, la remoción de algunos servidores públicos de la procuraduría», por irregularidades en oficinas centrales y aquellas que están distribuidos en todo el país, debido a presuntas denuncias penales y administrativas.
Este jueves, el diario Reforma publicó una entrevista a Ricardo Sheffield, quien dijo que las Secretarías de Gobernación (Segob) y la Función Pública (SFP) actuaron en contra de estos funcionarios debido a que tienen dudas sobre su proceder en materia de verificación de combustibles , aunque sin elementos sólidos.
Tenían dudas de la probidad de algunos funcionarios de combustibles, sin pruebas, ni un caso contundente. Lo más sano en esas áreas es cambiarlos. Todos fueron despidos injustificados porque no se tienen elementos, incluso dos de ellos ni siquiera intervienen en el proceso de verificación de combustibles. Ninguna falta se les pudo imputar.
Fueron removidos el subprocurador jurídico, el director general de Verificación y Defensa de la Confianza de Combustibles y el director general de la Oficina de Defensa del Consumidor de la Profeco.
El procurador indicó que fue notificado sobre los cambios en el área de Combustibles, aunque excepcionalmente que la Subprocuraduría Jurídica y las Oficinas de Defensa del Consumidor no tienen nada que ver con ese tema.
El día en que ocurrió la intervención, Ricardo Sheffield dijo en su cuenta de Twitter que no había ninguna irregularidad en la Profeco. «Ni causa, ni proceso».
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