Rebeca Marín
La directora del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), Elena Álvarez Buylla, busca hacer otra reforma al estatuto orgánico del organismo en uno de los artículos, con el cual podría modificar con “las acciones correspondientes” cualquier contrato o convenio que ha realizado, y los cambios estarían asentados en el argumento de “salvaguardar” los intereses del Consejo.
El pasado 28 de diciembre, el Conacyt presentó ante la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer) una propuesta de reforma de su estatuto orgánico que incluye la modificación a un único artículo: el 26, fracción XXIII, referido a las facultades de la Unidad de Asuntos Jurídicos.
Con la nueva propuesta de redacción, la Unidad Jurídica tendría la facultad de “solicitar información sobre el cumplimiento de las obligaciones y derechos derivados de contratos o convenios celebrados con el Consejo, ya sea a las unidades administrativas o directamente a la contraparte y, en su caso, coordinar y ejecutar las acciones correspondientes para salvaguardar los intereses del Consejo”.
Esto modificación “es tan amplia que resulta riesgosa”, explica Juan Jesús Garza Onofre, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, pues permitiría “modificar lo que sea que se haya pactado en el contrato o convenio y, por ende, los términos, condiciones y productos finales”.
Uno de los convenios que realiza el Conacyt, por ejemplo, tiene que ver con los proyectos de investigación que financia y que, en la mayoría de casos, se trata de vigencias multianuales, incluso transexenales, pero la reforma permitiría hasta cancelarlos si así lo determinan los “intereses” del Consejo.
“Solicitar la información abre la posibilidad de que sirva como excusa para cambiar las condiciones del contrato o convenio o echarlos abajo”, bajo el argumento del cambio en la visión del Consejo, en un nuevo gobierno, afirma Garza Onofre.
La abogada Patricia Juan, quien lleva las denuncias de investigadores de Cátedras Conacyt quienes han acusado violaciones a sus derechos laborales, advierte que le quita posibilidad que la Unidad Jurídica pueda ser sancionada en los casos donde funcionarios públicos hayan cometido irregularidades, dictaminadas por el Órgano Interno de Control (OIC), dependiente de la Secretaría de la Función Pública, encargada de revisar la actuación de los funcionarios.
En el estatuto vigente se establece que la Unidad de Asuntos Jurídicos tiene la facultad de “dictaminar la aplicación de las sanciones de carácter laboral a que se hagan acreedores los trabajadores del Consejo por violación a las disposiciones laborales aplicables, así como reconsiderar, en su caso, los dictámenes que hubiese emitido”.
Sin embargo, con la reforma, el Jurídico solo tendría la facultad de “coordinar y ejecutar las acciones correspondientes para salvaguardar los intereses del Consejo”.
Puesto que el “Jurídico ya no tendría la facultad expresa para hacer los dictámenes y aplicar las sanciones, aparentemente lo tendrían que hacer las unidades, pero éstas tampoco podrían imponer sanciones porque no tienen facultad ni habría un dictamen del jurídico”, advierte la abogada Juan.
“La modificación parece una medida para curarse en salud, pues no es claro si busca en el futuro los OIC no podrán atribuir responsabilidades por las decisiones violatorias al marco legal al carecer de precisión”, afirma Juan en entrevista con Animal Político.
La abogada pone como ejemplo que “todo lo que han hecho mal en las cátedras Conacyt, en los estatutos, en los Códigos de Ética, todas las ilegalidades, pareciera que ya no serían responsabilidad del Jurídico. Entonces, si en un caso de despido injustificado se determina la responsabilidad de la directora jurídica por no cumplir adecuadamente los despidos y causar un daño patrimonial, el OIC podría responder que no era su facultad expresa y, por lo tanto, no sancionaría”.
La propuesta para modificación del estatuto fue aprobada y expedida por la Junta de Gobierno del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, en el Acuerdo 04-10/2021, de su 4ª Sesión Ordinaria realizada el día 8 de diciembre de 2021, advierte el proyecto publicado en la Conamer.
El Estatuto Orgánico del Conacyt ya había sido reformado por esta administración en febrero y junio de 2020.
