Martín Aguilar
El juez federal de amparo, Augusto Mejía Ojeda, anuló la prisión preventiva en contra de Rosario Robles, extitular de Sedesol y Sedatu, y ordenó que se cite a una audiencia el próximo 30 de diciembre, a las 3 de la tarde, para definir si la mantiene en prisión o la liberan.
El juez dijo que se incumplió con la instrucción que se le dio al juez federal Ganther Villar Ceballos de justificar el motivo por el que tenía que permanecer en prisión, o en su caso cambiarle la medida cautelar por otra.
Aunque el juez federal reconoció que ya no se sostienen varios de los argumentos por los que se encarceló a la exsecretaria, insistió en dejarla presa: no había mentido en su dirección, no había certeza de que ella había tramitado una licencia de conducir falsa como sostuvo la FGR, y no tenia riquezas ocultas. Ello sumado a que se había presentado voluntariamente a las audiencias.
Villar Ceballos le dijo a Robles que pese a todo era necesario que siguiera presa y que no era posible enviarla a un arraigo domiciliario o ponerle un brazalete. Ello, ya que «su conducta» frente al proceso no había sido la adecuada.
«Prevalece un alto o elevado riesgo de sustracción … no hay otra medida cautelar que garantice su presencia en la continuación del procedimiento como la prisión preventiva», dijo al dar a conocer su decisión.
El pasado 10 de noviembre, Robles Berlanga presentó una nueva demanda de amparo en contra de la decisión del juez federal Ganther Villar Ceballos de mantenerla en prisión preventiva mientras se resuelve el proceso iniciado en su contra por presuntas omisiones dentro de la llamada Estafa Maestra.
Esta es la segunda ocasión en que Robles busca a través de un amparo invalidar la prisión preventiva justificada que se le impuso desde hace más de dos años. En un primero intento, tanto un juez federal como los magistrados del Noveno Tribunal Colegiado que revisaron el caso le dieron la razón a la exfuncionaria argumentando que el juez Ganther Villar no había ponderado de manera suficiente otro tipo de medidas cautelares como una prisión domiciliaria.
Robles ha sobrepasado ya el período de dos años en prisión preventiva, que de acuerdo con lo establecido en el Código Nacional de Procedimientos Penales es el máximo que una persona debería permanecer encarcelada sin que se le haya probado que cometió un delito.
