Martín Aguilar
La pandemia cambió por completo la vida diaria de los ciudadanos y para evitar riesgos de contagio de Covid-19, comenzaron a utilizar las aplicaciones para que les llevaran alimentos, pero las repartidoras y repartidores han sido violentados en sus derechos, por lo que la diputada local del PRI, Silvia Sánchez Barrios solicito la implementación de mesas de diálogo para proteger a ese sector de la población.
Según datos del propio IMSS existen por lo menos 500 mil personas trabajando bajo esta modalidad, aunque números internos de colectivos de repartidores mencionan hasta 900 mil personas laborando para diferentes plataformas, lo cual habla de una gran cantidad de ciudadanos de la Ciudad de México que están viviendo la vulneración de sus derechos básicos.
«Uno de los señalamientos de estos colectivos de repartidores se enfoca en la continua discriminación en los establecimientos, como plazas comerciales o restaurantes, pues les impiden el paso a áreas comunes, de estacionamiento, los ubican en zonas de recolección de residuos sólidos o de carga y descarga de productos, lo cual pone en riesgo la higiene y el correcto manejo de los alimentos».
Ante esta problemática, la legisladora presentó un punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, donde se solicita que el Congreso de la Ciudad de México, exhorte a la secretaría de gobierno local para que se implementen mesas permanentes de diálogo entre secretarías y repartidores mediante aplicaciones y se construyan planes de acción sobre problemáticas y que no se menoscaben los derechos laborales y la seguridad de los ciudadanos que trabajan en la entrega de pedidos por aplicaciones.
«La Ciudad de México está viviendo una revolución como la mayoría de las capitales del mundo en términos de servicios, gracias a aplicaciones celulares que facilitan la venta e intercambio de productos para satisfacer necesidades ciudadanas. Una de estas revoluciones es en el plano laboral, pues el reparto de pedidos se ha vuelto una fuente de ingreso y sustento, sobre todo a raíz de la crisis económica resultado de la pandemia por la Covid-19».
Lo más grave es también, que la vulnerabilidad no solo termina en estos temas, pues es abordado por los propios repartidores el acoso y hostigamiento al sector femenino que realiza ese trabajo por parte de clientes, pero sin existir protocolos ni formas de canalización adecuadas para denunciar, toda vez que los elementos policiacos desestiman inclusive las denuncias o las situaciones de violencia de estas mujeres.
«Es primordial un enfoque de género en la canalización de las denuncias, pues las repartidoras son un sector aún más vulnerable frente al contexto social e institucional, que las vuelve víctimas del acoso, el hostigamiento y la violencia de género de manera sistemática, imposibilitando la igualdad sustantiva de sus derechos humanos. Esto evidencia la urgencia de protocolos para orientar y proteger a los repartidores del maltrato de los clientes, pero también la necesidad de una adecuada capacitación de los servidores públicos, para que protejan a estos ciudadanos en su fuente de trabajo, y no sean víctimas de constantes interrogatorios o detenciones».
Denunció, que no solo se queda en los señalamientos anteriores, sino que conlleva un análisis profundo y complejo de la movilidad de la capital, así como el funcionamiento del Fondo Metropolitano del Transporte, ya que es en estos temas donde salen a relucir las mayores problemáticas resultado de que los repartidores trabajan 365 días y las 24 horas del día, como serían accidentes viales ocasionados por conductores bajo influjos de alcohol o drogas, peligrosos o violentos o por no seguir el reglamento de tránsito.Por lo que dicha iniciativa se envió a comisiones
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