Rebeca Marín
El Instituto Nacional Electoral (INE) avanza con el proceso de fiscalización para revisar los gastos e ingresos de las campañas para la Presidencia de la República, Congreso y cargos locales.
Informó que el 14 de junio realizó la notificación de oficios de errores y omisiones, derivado del tercer y último periodo de presentación de informes de ingresos y gastos de campaña.
Una vez recibidos los oficios, los partidos políticos tendrán cinco días para presentar el informe de corrección correspondiente, es decir, para dar respuesta y solventar las omisiones señaladas por la autoridad electoral.
El 5 de julio la Unidad Técnica de Fiscalización circulará a la Comisión de Fiscalización los dictámenes y resoluciones para su análisis. Siete días después, el 12 de julio, serán aprobados por esta comisión.
El Consejo General del INE someterá a discusión y votación estos dictámenes el 22 de julio.
Con esto, concluirá el proceso de fiscalización de los actores políticos que contendieron en el Proceso Electoral Federal y Locales Concurrentes 2023-2024.
Las y los Consejeros Electorales enfatizaron la importancia de la equidad y transparencia en la procedencia de recursos y en la rendición de cuentas, según los topes de gastos para las precampañas y campañas conforme lo dicta la ley, para celebrar elecciones justas y representativas. Requisitos fundamentales para un sistema democrático sólido.
La Consejera Carla Humphrey Jordan señaló la importancia “de estar pendientes de la procedencia, -es decir- del origen de los recursos que utilicen para precampañas y campañas los aspirantes, precandidatos y precandidatas”.
Durante el proceso, debemos “tener mucho cuidado en revisar que no haya recursos ilícitos, tanto de origen público como de origen privado o de actividades ilícitas que se estén destinando a actividades de precampaña y campaña en los tres niveles de gobierno”.
Humphrey Jordan resaltó que la designación de topes máximos de gastos en precampañas y campañas sirven para garantizar una contienda equitativa, imparcial y transparente que respete las reglas de la competencia política que se ha dictado.
Por su parte, la Consejera Norma De la Cruz Magaña indicó que en cualquier sistema democrático la equidad y la transparencia son fundamentales para garantizar elecciones justas y representativas, “en este contexto, los topes máximos de gasto de precampaña y campaña desempeñan un papel crucial, pues estos límites se diseñaron para el uso de dinero, para evitar su uso ilimitado en las contiendas electorales y para que todas las candidaturas tengan la capacidad de competir de manera equitativa”.
El dinero que reciben los partidos políticos es público, “y tenemos la obligación de darle cuentas a la ciudadanía de cómo usamos esos recursos”, recalcó.
Al finalizar su intervención hizo un llamado respetuoso a los partidos políticos para “cumplir con los montos establecidos en este acuerdo que se ajustan a las reglas consensadas por ustedes mismos” además los invitó a “reportar en tiempo y forma todos los gastos que eroguen sus militantes, simpatizantes, precandidaturas y candidaturas, es importante evitar la realización de actos anticipados de campaña y precampaña, pues de lo contrario esos gastos podrían ser suficientes para rebasar los topes y no registrar o cancelar, incluso, candidaturas”.
De conformidad con la normativa vigente, el tope de gastos de campaña para la elección de la Presidencia de los Estados Unidos Mexicanos será equivalente al veinte por ciento del financiamiento público de campaña establecido para todos los partidos en el año de la elección presidencial.
Por lo tanto, el veinte por ciento de 3 mil 304 millones 893 mil 614 pesos es igual a 660 millones 978 mil 723 pesos,
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