Martín Aguilar
El Instituto Nacional Electoral (INE) amplió la controversia constitucional con la que reclama la reducción de presupuesto para la revocación de mandato del Presidente, para incluir varios hechos recientes, entre ellos, el inicio de una carpeta de investigación en la Fiscalía General de la República (FGR) contra funcionarios que intentaron aplazar la consulta.
En un acuerdo del 17 de enero notificado hoy, Juan Luis González Alcántara, Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, admitió la ampliación de la demanda del INE, para incluir tres hechos supervenientes ocurridos a finales de diciembre y en lo que va de 2022.
Los nuevos hechos a revisión en la Corte son:
a)- Acuerdos y oficios emitidos por el propio INE.
b)- Sentencia de 29 de diciembre del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), en la cual anuló el Acuerdo del INE que pretendió aplazar la consulta de revocación, y ordenó al órgano electoral a solicitar más recursos a la Secretaría de Hacienda.
- c) Comunicados públicos de la Cámara de Diputados sobre su denuncia ante la FGR contra funcionarios del INE, que dio lugar a la carpeta FED/FEMCC-CDMX/0000838/2021.
Originalmente, la controversia fue para impugnar el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) de 2022, por el recorte de 4 mil 913 millones de pesos que la Cámara de Diputados aplicó a la solicitud presupuestal del INE.
Al admitir la ampliación, González Alcántara consideró que «el INE pretende establecer que la reducción de los recursos que le fueron asignados en los rubros impugnados del PEF de 2022, ha derivado en diversos hechos supervenientes, como son los citados acuerdos y oficios emitidos por el propio Instituto actor y la resolución dictada por el TEPJF en el expediente SUP-JE-282/2021, entre otros».
El INE también pidió al Ministro dictar una suspensión sobre los nuevos actos reclamados, pero antes de resolver, pidió a la FGR y al TEPJF que le rindan informes en tres días hábiles.
El pasado 14 de diciembre, González Alcántara rechazó conceder una suspensión para ordenar que se entregue el dinero necesario para la revocación.
En ese fallo, el Ministro argumentó que una suspensión era prematura, porque el INE aún no había certificado que existían los 2.7 millones de firmas válidas necesarias para convocar a la consulta de revocación de mandato.
El 18 de enero –un día después de que González Alcántara admitió la ampliación de controversia–, el INE certificó que ya se cuenta con las firmas necesarias para convocar la revocación.
Por tanto, el órgano electoral podría pedir de nueva cuenta al Ministro que otorgue una suspensión, en la que ordene la entrega del presupuesto necesario para instalar 161 mil casillas.
El INE ha insistido en que se requiere este despliegue, porque la Ley Federal de Revocación de Mandato ordena que esta consulta cuente con el mismo número de casillas que la última elección ordinaria.
