Martín Aguilar
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ratificó la sanción, impuesta por el Instituto Nacional Electoral (INE) a Movimiento Ciudadano por 28 millones de pesos (mdp), debido a triangulaciones de recursos ilegales durante su campaña del gobernador electo de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda.
Los magistrados avalaron la sentencia y vincularon al organismo electoral para que investigue si el mandatario electo debe tener una sanción directa por dichos actos.
De acuerdo con la investigación de la Unidad Técnica de Fiscalización (UTF), se triangularon apoyos por 14 millones 26 mil 500 pesos a través de depósitos de empresas a familiares del mandatario electo, luego éstas lo enviaron a Movimiento Ciudadano y el partido lo entregó a la campaña en especie, con el pago de espectaculares y enseres para actos públicos.
Bertha Silvia Sepúlveda Andrade, madre de Samuel García, aportó 11.6 millones de pesos y sus hermanos Silvia y Roberto, ambos de apellidos García Sepúlveda, transfirieron 1.5 millones y 840 mil pesos, respectivamente.
El dictamen indica que realizaron las aportaciones como militantes, pero las indagatorias descubrieron que los familiares del gobernador electo sirvieron “como puente para la transferencia de recursos de persona moral (empresas)”.
Previo a la transferencia, hermanos y madre “recibieron en sus cuentas bancarias personales, cantidades de numerario que resultaban equivalentes y de las que eventualmente se liberaban a través de la transferencia de recursos a la cuenta bancaria del partido político Movimiento Ciudadano”.
El dinero transferido a la campaña del gobernador electo de Nuevo León, según las indagatorias del INE que se allegó de información de la Unidad de Inteligencia Financiera y el Sistema de Administración Tributaria, pertenecía en realidad a los corporativos SAGA Tierras y Bienes Inmuebles, Firma Jurídica y Fiscal Abogados y Firma Contable y Fiscal Contadores y Financieros.
Sin embargo, el pleno del tribunal electoral consideró que el INE no tomó en cuenta los alegatos de las partes involucradas y no realizó una investigación exhaustiva sobre el destino que tuvieron las triangulaciones, por lo que deberá realizar un nuevo dictamen sobre el caso.
