Rebeca Marín
En sesión ordinaria del pleno del organismo garante local, se decidió ordenar al sujeto obligado, en este caso la demarcación territorial, el modificar la respuesta que entregó a una persona y emitir una nueva, en un plazo no mayor a diez días hábiles.
Al posicionar el recurso de revisión interpuesto en contra de la alcaldía Cuauhtémoc, identificado con el número de expediente INFO CDMX.RR.IP.1553/2024, María del Carmen Nava Polina, comisionada ciudadana del instituto precisó que garantizar el acceso a la información relacionado con contrataciones es de suma importancia para la transparencia y la rendición de cuentas, así como para la participación social en la supervisión de las actividades de las instituciones públicas.
En el recurso, que fue aprobado por unanimidad, una persona solicitó la copia íntegra del expediente correspondiente a un proceso de contratación, documento que incluye el contrato, presupuesto, minutas, licitación, bitácoras de la obra y todo lo relacionado con el mismo proceso, además de una relación general de los contratos del mismo programa con su descripción general y montos.
Como respuesta, el sujeto obligado cambió la modalidad de entrega a consulta directa, lo que motivó a la persona solicitante presentar un recurso de inconformidad ante el INFO, en el que reclamó la entrega en formato electrónico, como lo especificó en su solicitud de información pública.
Nava Polina detalló que de acuerdo al análisis realizado por su ponencia, se logró identificar que esa demarcación tiene la competencia, así como la capacidad técnica y material para proporcionar la información en el formato solicitado, motivo por el cual la persona solicitante tiene razón en su queja.
Delineó que el equipo de Estado Abierto del INFO coordinó el decálogo para la transparencia en los procesos de adquisiciones, arrendamientos y obras, en el marco del Primer Plan de Acciones de Parlamento Abierto con la Junta de Coordinación Política del entonces Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) y Controla Tu Gobierno, mismo que podría servir de referencia para implementar una serie de medidas estratégicas que busquen la apertura y la transparencia en contrataciones.
El documento incluye prácticas que se alinean con recomendaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), orientadas a combatir la opacidad y fomentar la competencia.
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