Rebeca Marín
La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) dijo que la propuesta de reformar los artículos 129 y 148 de la Ley de Amparo y su ley reglamentaria es anticonstitucional y abre la puerta a que haya abusos de la autoridad.
El planteamiento del senador Ricardo Monreal “limita la posibilidad para que los órganos jurisdiccionales otorguen una suspensión provisional o definitiva con efectos generales en los juicios de amparo que se interpongan en contra de leyes que se expidan por el Congreso de la Unión o de los estados, es decir, se pretende limitar la facultad de los jueces para otorgar la suspensión de un acto con efectos generales”.
Añadió que se ponen “en riesgo los derechos colectivos, la eficacia de las resoluciones judiciales y restringe la discrecionalidad judicial, impidiendo un análisis ponderado de los casos en beneficio del orden público e interés general”.
El sindicato patronal dijo que el juicio de amparo es un recurso legal que resguarda a una persona frente a los abusos de autoridad, porque se puede reclamar ante los Tribunales de la Federación esta herramienta que otorga protección judicial.
La Coparmex añadió: “Es fundamental que cualquier modificación a la Ley de Amparo se enfoque en cuestiones jurídicas para garantizar el respeto de los derechos humanos y de la sociedad en su conjunto; insistimos en que se debe profundizar y ampliar la garantía de derechos, no promover regresiones”.
“Las modificaciones en discusión limitarían severamente la facultad judicial para emitir suspensiones con efectos generales, lo cual constituye un pilar esencial en la defensa de la justicia y los derechos de los ciudadanos en nuestro país, la historia jurídica de México ha demostrado la importancia crítica de la suspensión en el juicio de amparo, como mecanismo de protección frente a posibles abusos de autoridad y actos legislativos que podrían vulnerar los derechos fundamentales de las personas, restringir esta herramienta judicial es ir en contra de la tradición de protección jurídica.”
Por este motivo, lanzaron un llamado a las autoridades y legisladores a considerar las consecuencias de estas reformas, porque parecieran socavar la independencia del poder judicial y limitar su capacidad para proteger los derechos de los ciudadanos frente a acciones gubernamentales potencialmente invasivas o perjudiciales.
“Es imperativo mantener un sistema jurídico que opere con plena autonomía, garantizando la imparcialidad y la protección efectiva de los derechos en todos los niveles. Reiteramos nuestro compromiso con la defensa de los principios constitucionales y el Estado de Derecho, donde la justicia y los derechos humanos sean siempre la prioridad”.
Finalmente piden que se genere un diálogo inclusivo y constructivo para asegurar que cualquier modificación a la Ley de Amparo fortalezca, y no debilite, la estructura jurídica y democrática de México.
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