Martín Aguilar
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloqueó las cuentas bancarias de Karime Macías, esposa del exgobernador de Veracruz Javier Duarte.
De acuerdo con la unidad de la Secretaría de Hacienda, se pudo documentar la relación que tuvo Karime durante el gobierno de Duarte (quien cumple una condena de 9 años de prisión por lavado de dinero y asociación delictuosa) con la red de empresas fantasma que operaron en Veracruz.
Por estos hechos, la UIF presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República, la cual está bajo integración.
Fuentes de la defensa de Karime Macías confirmaron a Animal Político que las cuentas de la acusada ya habían sido congeladas, por otra investigación que realiza la Fiscalía de Veracruz y el Servicio de Administración Tributaria (SAT) por presuntos delitos fiscales.
El próximo 17 de febrero se realizará la audiencia en Reino Unido donde se resolverá si se concede la extradición de Macías a México.
En 2018 una investigación de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) evidenció que desde el DIF de Veracruz presidido por Karime Macías se había conseguido desviar más de 415 millones de pesos en contratos a una red de 33 empresas fantasma. El monto es cuatro veces mayor que el referido por la Fiscalía de Veracruz en su acusación.
La Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda inició su propia investigación sobre la ruta que habían seguido los recursos y sobre las operaciones financieras en torno a Macías y su entorno. Su conclusión es que el dinero se habría triangulado en un esquema complejo con la intención de blanquear su origen.
En marzo de 2020, la UIF presentó una denuncia por posible corrupción y lavado de dinero ante la FGR y, en abril pasado, presentó una segunda querella ante la Fiscalía de Justicia de Veracruz, en contra de 92 personas y 36 empresas fachada.
Sin embargo, hasta ahora las investigaciones en contra de Macías por estos casos no han tenido algún resultado concreto. Autoridades de la FGR indicaron que, en su caso, no se han identificado recursos federales desviados a través de referido entramado por lo que carecen de competencia para proceder en contra de los probables responsables.
