El presidente Andrés Manuel López Obrador se consagró como un depredador de la libertad de expresión.
Pero también de los derechos laborales, recursos públicos y bienes pertenecientes al Estado.
Pensar que una conferencia sustituye a la agencia más grande e importante de Latinoamérica, es un desvarío total.
En su momento la Agencia Notimex se ubicó como la segunda más grande de habla hispana.
Tenía corresponsales desplegados en los cinco continentes y en los países más importantes. Su cobertura informativa era mundial.
Comunicaba puntualmente reportes oficiales y las noticias más importantes al instante, con reporteros, fotógrafos, camarógrafos y personal especializado.
Sin embargo, para el presidente todo lo anterior no es relevante. “No es algo que nos haga falta como gobierno. Tenemos la mañanera”.
“La verdad, nosotros no necesitamos una agencia de noticias del gobierno, eso era de la época de los boletines y de la prensa oficial y oficiosa; ya no hay eso”, esgrimió.
Además, defendió a la directora Sanjuana Martínez, quien se impuso un salario similar al del presidente, y manejó en opacidad 600 millones de pesos durante 38 meses de huelga.
Ni la Auditoría Superior de la Federación (ASF), ni el Senado la hicieron rendir cuentas. También tienen responsabilidad.
¿Qué ruta seguirán los 85 trabajadores en huelga ante el feroz desastre administrativo? Primero, no le apuestan al cierre de la Agencia; y segundo, tienen contemplado luchar por quedarse con los activos de la empresa.
¿Será fácil? De ninguna manera, pero han demostrado entereza, pese a que han visto morir impotentes a familiares, compañeros y amigos por falta de servicio médico y el desinterés de López Obrador.
La secretaria general del Sindicato Único de Trabajadores de Notimex, Adriana Urrea, quien ha librado una titánica batalla contra la 4T, informó que en salarios caídos la deuda asciende a más de 170 millones de pesos.
Pero los costos se elevan drásticamente por demandas de despidos injustificados, antigüedades, adeudos de aportaciones al Infonavit, de seguridad social a proveedores y rentas.
Además, a ello se le suma una demanda colectiva de corresponsales extranjeros desde hace cuatro años, con adeudos que se tasan en dólares y euros.
Ese es el gobierno que prometió el cambio, pero ha depredado una institución con 45 años de historia.
Lo ha hecho con Sanjuana Martínez, su periodista favorita que tiene pendiente rendir cuentas del ilegal manejo de recursos públicos.
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