Martín Aguilar
Tras la investigación por la muerte de Ariadna Fernanda, desaparecida hace una semana en la CDMX y hallada días después en un paraje de la carretera a Tepoztlán, tiene varias aristas, desgraciadamente, todas políticas.
La joven desapareció tras una reunión con amigos en un departamento de la Roma Sur, y dos ciclistas hallaron, por accidente, su cuerpo bajo un puente en la carretera donde circulaban; los tatuajes en su piel permitieron identificarla.
Peritos de la Fiscalía de Justicia de Morelos hicieron la autopsia y concluyeron que la joven murió por broncoaspiración, debido a una ingesta excesiva de alcohol, descartando un feminicidio, como se señalaba en la Ciudad de México.
El fiscal de Morelos, Uriel Carmona, leyó la conclusión y dijo que no tenían delito que perseguir en su estado y que el caso se tendría que aclarar en la capital de la República, donde había ocurrido la muerte.
Grupos feministas y defensores de derechos humanos preparaban una marcha más para protestar por las agresiones a mujeres —tema en el que el gobierno de la 4T ha quedado mal parado—, lo que preocupó a Claudia Sheinbaum.
Fue entonces que las autoridades capitalinas hicieron otra autopsia al cadáver, pues la Secretaría de Seguridad Ciudadana ya había hecho una investigación exprés y tenía datos importantes que contradecían a las autoridades morelenses.
El peritaje de la Fiscalía de la CDMX indicaba que la joven murió por diversos golpes y difundió algunos videos donde se ve a uno de los presuntos implicados cargar el cuerpo y subirlo a una camioneta para desaparecer.
Ahí el escándalo pasó de ser un asunto policiaco a uno político. Claudia le dio ese giro, con autorización de Palacio Nacional, según dijo ella misma.
La jefa de Gobierno acusó al fiscal Carmona de haber mentido y de encubrir al principal sospechoso, pues, supuestamente, tiene relación cercana con él debido a varios negocios en Morelos.
Con la declaración de que sí fue feminicidio y de que su gobierno resolvería el caso, Sheinbaum quiso dejar sin bandera a quienes protestaban por el crimen, pero también ponía contra la pared al fiscal de Morelos, enemigo acérrimo del gobernador Cuauhtémoc Blanco.
Y Blanco quiso aprovechar el pase para meter gol, exigiendo la renuncia de Carmona, quien se engalló y dijo que primero había que contrastar las dos autopsias, y que, con respecto a su destitución, ésa correspondía al Congreso de Morelos y no al gobernador, y menos a Claudia.
El gobernador morelense no tiene los números en el Congreso estatal para hacer el cambio, pero ya con la intervención presidencial desde las mañaneras, la cosa cambia.
El tema es que, si al final Uriel es removido de su cargo, quien en realidad tendría que preocuparse es Graco Ramírez, que se quedaría sin el dique que dejó antes de irse del gobierno en 2018 para que lo protegiera.
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