El artículo 6 de la Constitución no tiene resquicio alguno que permita al Estado atentar contra la libertad de expresión.
“La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa”, señala.
Sin embargo, el presidente López Obrador entiende la libertad de expresión a su manera.
Dice defenderla, pero no pierde oportunidad para atacar, denostar y levantar campañas de odio contra sus críticos.
Incluso, se ha victimizado al sostener que es el presidente más atacado de la historia.
Pero además, llegó al grado de solicitarle a los medios de comunicación y periodistas autolimitarse en sus cuestionamientos.
López Obrador diseñó la conferencia para ejercer su derecho de réplica, pero cuando Xóchitl Gálvez la solicitó, fue rechazada.
Y no conforme con usar los recursos públicos para decir sus datos, el mandatario censura, difama, calumnia y ataca a medios de comunicación y periodistas.
Hasta se dio el lujo de crear una sección especial para desmentir y burlarse de los informadores.
“¿Quién es quién en las mentiras?”, se alzó como la Inquisición, aquel antiguo tribunal eclesiástico para castigar faltas contra la fe o las doctrinas de la iglesia.
Pues bien, un juez le puso un alto a la titular de esa sección, Ana Elizabeth García Vilchis.
El pasado 3 de julio un juez otorgó una suspensión provisional para que se abstenga de realizar pronunciamientos discriminatorios contra un líder de opinión.
El comunicador Max Kaiser promovió una demanda contra Vilchis por formular menciones estigmatizantes y discriminatorias en su contra.
Dicho mandato radica en que Ana Elizabeth debe dejar de presionar o coaccionar a los informadores o medios de comunicación.
“Tiene un potencial de incrementar los riesgos para quienes emiten opiniones en contra del gobierno en turno, lo cual propaga una cadena de violencia”, precisó el Consejo Nacional de Litigio Estratégico.
Como defensor de Kaiser, dicho Consejo señala que como Directora de Redes de la Presidencia, se encuentra en una posición ventajosa frente al comunicador.
De hecho, a simple vista son notables las deficiencias de la servidora pública en la lectura de sus denuestos.
Pasa la guadaña por igual. No importa si es un reconocido periodista o articulista, su mal trato va contra la Constitución.
“¿Quién es quién en las mentiras?” pronto se convirtió en el patíbulo de los informadores incómodos del presidente.
Por tal razón debería erradicarse. Un juez dio el primer paso.
Las demandas en contra de Vilchis pueden aumentar por su comportamiento autoritario que atenta contra la libertad de expresión y el derecho a la información.
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