Los presidentes de Juntas Especiales de la JLCA de la Ciudad de México destituidos el pasado 2 de mayo, interpondrán una demanda de amparo en contra de la decisión. Ahora buscan una reunión con el secretario de Gobierno, Martí Batres, a quien le explicarán el grave error que comete la administración local, al desmantelar la principal Junta Laboral del país.
Consideran que esa decisión, no sólo perjudica a unas personas, sino daña la administración de justicia y afecta el nuevo sistema de justicia laboral, porque manda una mala señal de Claudia Sheinbaum, a las fuerzas políticas que la integran, ante su aspiración a la Presidencia de la República.
Los despedidos acusan que las autoridades capitalinas no los han escuchado, no han tenido la oportunidad de dialogar con nadie de la administración capitalina.
En días pasados, corrió el rumor que iban a despedir al presidente de la JLCA, Eleazar Rubio, sin embargo, se dijo que solicitó a las autoridades capitalinas enderezar el entuerto y apoyar en la reestructuración que ahí se hará.
De por sí la impartición de justicia en ese tribunal laboral era muy lenta. Ahora, ¿cuánto tiempo tendrá que esperar el rezago de 139 mil expedientes laborales?
Y será un grave revés para los trabajadores y patrones que tienen sus juicios ahí ya que pasan los años y no concluyen. ¿Va a ser el doble del rezago y la gente que espera resolver sus juicios seguirá en espera?
De acuerdo a uno de los destituidos, el abogado Lauro Sol, los presidentes de las juntas especiales, tienen funciones semejantes a las de un juez. A quienes dejaron como encargados de despacho son a los auxiliares de trámite.
Los auxiliares atienden las audiencias y resuelven incidentes como los de nulidad, de acumulación, de falta de personalidad. “Tiene un trabajo tremendo y ahora salen hasta las 8 de la noche, pero su horario de salida es a las 3”.
A parte les asignan el trabajo de presidente, que tiene que ver con la resolución de fondo, con administración de personal, con la atención a amparos, a los litigantes, “imposible que puedan con tanto trabajo y puedan sacar en 8 años.
Se corre el riesgo de que los multen los Tribunales Federales por no cumplir los amparos a tiempo. En algunas juntas, en 8 días, ya llegaron dos multas de 20 mil pesos al auxiliar, por no cumplir con los tiempos. Ahora varios auxiliares comentan no poder con tanto trabajo.
Los trabajadores dijeron que quieren acabar con la JLCA en lugar de acabar con los juicios, y si la idea es terminar los juicios como ordena la ley, debieran fortalecer ese tribunal laboral para que se termine el trabajo, aunque sea en 8 años, como estaba previsto. Pero si sigue reduciendo los recursos, estos se van a más hasta 15 años”. ¡Veremos qué pasa!
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