El presidente Andrés Manuel López Obrador es el único responsable de la confrontación con la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Mediante una actitud por demás autoritaria, prohibió a los funcionarios del Ejecutivo, tomarle la llamada a la presidenta Norma Piña.
Al mismo tiempo propició y desató sistemáticos ataques en su contra y de los ministros que no lo obedecen ciegamente.
Incluso, se instaló un plantón en el acceso del máximo tribunal, con altavoces para denostar, criticar, agredir, amenazar e insultar a los ministros.
La batería de improperios fue dirigida de manera especial a la ministra presidenta Norma Peña.
Pese a ello, el 3 de mayo el presidente ordenó a la Consejería Jurídica solicitarle a la SCJN resolver las impugnaciones contra la Ley General de
Comunicación Social y de Responsabilidades Administrativas.
La Suprema Corte rechazó la petición. Y de inmediato la Consejería respondió que de invalidarse el proceso legislativo del “Plan B”, estaría “sustituyendo al Congreso de la Unión”.
Este martes, en sesión el pleno del Poder Judicial declaró inconstitucional la primera parte del “Plan B” electoral debido a que se aprobaron modificaciones legales sin cumplir el procedimiento legislativo.
Es de esperarse una nueva ola de injurias y ofensas en contra de los nueve ministros que fallaron por la invalidez de la reforma obradorista.
Llama la atención que el presidente haya pedido en reiteradas ocasiones respeto a su investidura, pero permite rienda suelta para atacar a la ministra Piña.
Casualmente, el pasado 14 de febrero la mayoría de Morena y aliados aprobaron en comisiones reformas a la antigua Ley sobre Delitos de Imprenta para sancionar con más de 4 mil pesos a quien injurie al presidente.
Cuestionado al respecto, López Obrador no tuvo otra opción que anunciar su veto, puesto que la reforma había causado irritación social.
Hoy los mismos que pedían castigar a quienes insultaran al Presidente, incurren en atroz libertinaje para injuriar y difamar a la ministra Piña.
Pero ignoran que el Código Penal Federal, establece en su Artículo 226, prisión de tres meses a un año o de 30 a 90 días de multa a quienes ejerzan delitos contra la administración de la justicia.
Con el argumento de hacer efectivo su derecho de expresión, emplean violencia verbal en contra de la ministra presidenta Norma Piña.
También entre los delitos cometidos contra funcionarios públicos, el artículo 189, señala que se aplicará de uno a seis años de prisión, además de la sanción que corresponda por el delito cometido.
Los manifestantes también han violado cinco artículos de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
Se trata de los Artículos 16, 18, 19, 20 Bis y 20 quáter, que sintetizan todos los abusos, agresiones, discriminación, violencia, política, digital y mediática, daño a su intimidad, imagen, privacidad y dignidad de la ministra presidenta.
Si bien la libertad de expresión es un derecho fundamental del Artículo 6 constitucional, no respalda expresiones que incitan a la violencia, fomenten el escándalo público o provoquen infamias y calumnias.
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