Lacónico, el presidente Andrés Manuel López Obrador, reclamó a los medios de comunicación no decir que “nos fue bien” con el huracán Otis.
“No nos fue tan mal”, dijo con sobrada seguridad, y se justificó: “porque cuando entró el huracán Katrina, fueron 2 mil muertos.
“¿Ustedes creen que eso lo dicen? ¿Lo han escuchado en la radio, lo han escuchado en la televisión?”, preguntó el mandatario.
Es decir que de cualquier manera, el Presidente busca minimizar la tragedia que devastó al glorioso Puerto de Acapulco.
El reporte oficial, ofrecido por la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, es de 45 personas fallecidas y 47 “no localizadas”.
Es evidente la estrategia de López Obrador de culpar y atacar de manera sistemática a los medios de comunicación.
Desde su óptica todos los demás son responsables, principalmente los gobiernos del pasado, a pesar de que esta administración lleva más de cinco años.
Pero la realidad de lo sucedido es incontrovertible: la Ley General de Protección Civil no deja lugar a dudas en cuanto a obligaciones y responsabilidades.
De acuerdo al Artículo 75 de dicha ley, las unidades de las entidades federativas, municipales y demarcaciones territoriales, tendrán la faculta de aplicar las siguientes medidas de Seguridad:
Identificación y delimitación de lugares o zonas de riesgo; control de rutas de evacuación y acceso a las zonas afectadas.
Asimismo, acciones preventivas para la movilización precautoria de la población y su instalación y atención en refugios temporales.
Coordinación de los servicios asistenciales; el aislamiento temporal, parcial o total del área afectada; la suspensión de trabajos, actividades y servicios.
Y las demás que en materia de protección civil determinen las disposiciones reglamentarias y la legislación local correspondiente, tendientes a evitar que se generen o sigan causando daños.
Pues nada de lo que dice la ley, lo hicieron las autoridades de los tres niveles de gobierno.
En consecuencia, todos fueron omisos y responsables de las muertes que se pudieron haber evitado.
Pero desde la óptica del Presidente “nos fue bien”, pese a que el Artículo 73 señala las obligaciones de las autoridades para “proteger la vida de la población y sus bienes”.
Además de proteger la planta productiva y su entorno, se debe garantizar el funcionamiento de los servicios esenciales de la comunidad.
Para tal efecto, las autoridades de Protección Civil deben instalar un centro de operaciones o comando o coordinación de acciones.
Nada de lo anterior se implementó. ¿Quiénes son los responsables? La ley en la materia es clara:
Los artículos 8 y 9 del Código Penal Federal, señalan que “las acciones u omisiones delictivas solamente pueden realizarse dolosa o culposamente”.
En consecuencia autoridades desde el Ejecutivo, estatal y municipal, actuaron culposamente, porque no previeron provocando la omisión que acarreó muertes y destrucción.
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