Este lunes inició formalmente la etapa de precampañas que concluirá el18 de enero de 2024.
A partir de esa fecha se seleccionarán las candidaturas a la Presidencia, senadurías y diputaciones.
En consecuencia, el Instituto Nacional Electoral (INE), llamó a todos los actores políticos a conducirse con legalidad.
Asimismo, demandó reivindicar el pluralismo, la inclusión, la tolerancia y erradicar todo tipo de violencia, sobre todo contra las mujeres.
Durante esta primera etapa de la elección a celebrarse el 2 de junio, los partidos políticos definirán 20 mil 375 candidaturas.
Los partidos políticos, precandidatos y servidores públicos, están obligados a cumplir las obligaciones legales en materia de financiamiento y fiscalización.
Entre otras restricciones legales, está el no pedir o recibir recursos en dinero o especie de personas no autorizadas, así como respetar los topes de campaña.
La prohibición más importante, pero la que menos se ha respetado previo a las precampañas, es la que establece el artículo 134 de la Constitución.
Dicho precepto señala que ningún servidor público debe “influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos”.
La propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, “deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos y de orientación social”.
“En ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público”.
Las leyes y normas electorales, son muy claras. ¿Pero se han cumplido al pie de la letra? ¿Y se han sancionado puntualmente?
Está visto que ninguna de las dos cosas ha sucedido. Se llevó a cabo una abrumadora campaña fuera de la ley pero nadie la sanción.
Los llamados o amonestaciones del INE poco o nulo caso le hicieron los aludidos. ¿Se habrá de cumplir la ley en la etapa de precampañas?
Eso se verá al momento del registro de candidaturas. Por los hechos al margen de la ley, a buena cantidad de los aspirantes, la autoridad electoral estaría obligada a negárselas.
La cuestión es que el ejemplo cunde desde Palacio Nacional, con la estrategia de que “no me vengan con que la ley es la ley”.
Derivado de eso, una importante cantidad de actores políticos se ha brincado las leyes electorales, bajo el disfraz de asambleas o coordinadores, cuando en los hechos, son actos anticipados de campaña y aspiraciones.
Durante los últimos meses se vivió en todo el país una portentosa campaña, que incluyó miles de anuncios espectaculares que nadie sabe quien colocó y menos quién pagó.
Las autoridades no sancionaron a nadie. ¿Lo hará en adelante?
Discussion about this post