El proceso de discusión de la reforma electoral entró en una dinámica que ha llamado la atención de manera poderosa.
La ruta planteada desde el poder implica una reforma por demás antidemocrática y un claro retroceso por los años de lucha desde la izquierda.
En otro momento abordamos el tema del riesgo del financiamiento ilícito a campañas, candidatos y partidos.
Otro riesgo mayor es la propuesta de reducir el financiamiento a los partidos, con el único propósito de debilitarlos.
¿Ese es el único objetivo? Es evidente que el planteamiento busca no sólo debilitar a la oposición sino desaparecer a las fuerzas políticas que la forman.
El fondo del proyecto presidencial es convertir de facto a Morena en un partido único y de Estado. Algo que siempre criticaron al PRI.
Es claro que el partido del gobierno no tendría problema alguno si se redujeran las prerrogativas a los partidos.
Son demasiadas las evidencias que señalan un financiamiento excesivo desde las altas esferas del poder al partido guinda.
Pero también son constantes las denuncias y acusaciones, en el sentido de que ha habido injerencia de recursos de procedencia ilícita en campañas.
Un ejemplo, lo dio el veterano Porfirio Muñoz Ledo, quien denunció financiamiento del narcotráfico en la campaña de Mario Delgado por la presidencia de Morena.
Durante el proceso electoral de 2021, el entonces gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles denunció la participación del crimen organizado en la contienda.
El proyecto de López Obrador también busca ampliar la propaganda gubernamental durante los procesos electorales.
En contraparte, busca disminuir en 18 minutos diarios la promoción de los partidos y de las autoridades electorales por cada estación de radio y televisión durante los procesos electorales.
Más todavía: el mandatario quiere que el umbral de participación ciudadana en la revocación de mandato sea vinculante con el 33%. Actualmente es del 40%.
Todo lo anterior estriba en allanar el camino para fortalecer al gobierno con un partido único, con todo lo que implica para someter a los demás poderes y partidos de oposición.
Dicho esquema también debilitaría la figura de gobiernos de coalición por la afectación a la oposición, aunque la salva la Constitución federal.
Ese es el objetivo de la propuesta de reforma electoral del gobierno de López Obrador en una discusión donde se incluirán 104 iniciativas.
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