Martín Aguilar
A cinco años del feminicidio de la alumna María de Jesús Jaimes Zamudio, «Marichuy», la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación al Instituto Politécnico Nacional (IPN) y a la Fiscalía General de la República (FGR) por violaciones al derecho humano a una vida libre de violencia y por negación al derecho a la verdad y al acceso a la justicia con perspectiva de género.
El documento dirigido al director de la casa de estudios, Arturo Reyes Sandoval, y al titular de la Fiscalía, Alejandro Gertz Manero, la CNDH recordó que en 2016 la estudiante de la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura (ESIA) fue asesinada en su domicilio, luego de que un compañero de la escuela y un profesor la arrojaron desde un quinto piso, supuestamente al intentar abusar de ella.
Desde que ocurrieron los hechos, los presuntos responsables, que en un primer momento hicieron pasar la muerte de Marichuy como un suicidio, permanecen prófugos de la justicia, por lo que el 3 de marzo de 2021, la madre de la estudiante presentó una queja ante la CNDH en la que acusó al personal del IPN de violaciones de derechos humanos y que más tarde amplió a la FGR, al considerar que integró de manera irregular la carpeta de investigación.
A raíz de lo anterior, el órgano de derechos humanos inició una diligencia en la que pudo constatar el acoso y hostigamiento escolar que sufrió la joven por parte del profesor y de algunos alumnos y alumnas, lo que provocó un ambiente violento a la alumna.
«Además, quedó de manifiesto la falta de interés de las autoridades politécnicas para investigar estos hechos, así como de llevar a cabo diversas acciones de prevención, erradicación y sanción para garantizar la protección de las mujeres que forman parte de la comunidad politécnica a una vida libre de violencia. También quedó evidenciado que no se ha hecho un mayor esfuerzo por facilitar la localización de los presuntos responsables».
En cuanto a la FGR, la Comisión Nacional de Derechos determinó que la dependencia a cargo del fiscal Gertz Manero solo solicitó datos para la localización de los presuntos responsables y un testigo a través de Plataforma México y la Policía Cibernética, sin que haya constancia de cuál fue el resultado de la búsqueda.
Por ello, giró una recomendación en la que solicitó al IPN que inscriba en el Registro Nacional a la alumna asesinada, a su madre y a cuatro compañeras de Marichuy, quienes aportaron pruebas, evidencias y testimonios para llegar a la verdad. También pidió que se proceda a la reparación del daño y se otorgue la rehabilitación psicológica y tanatológica a las víctimas indirectas.
«Asimismo, se deberá impartir una conferencia al alumnado de la ESIA Ticomán en materia de derechos humanos y violencia de género al inicio de cada semestre. Se pide, también, la actualización del Protocolo para la Prevención, Detección y Sanción de la Violencia de Género reeditado, e impartir un curso al personal de la institución para capacitarlos en su aplicación y observancia», agregó.
A la FGR le ordenó colaborar con el Órgano Interno de Control de la dependencia en la presentación y seguimiento de la denuncia administrativa que la CNDH interponga por las omisiones cometidas, además deberá impartir un curso a su personal para la integración de indagatorias, que incluya la perspectiva de género.
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