Rebeca Marín
A medida que la pandemia de covid se desdibuja como uno de los mayores frenos para la actividad económica en México, seis de cada 10 empresas en el país se encuentran en la inseguridad el principal obstáculo para su crecimiento, muestra el Índice Mexicano de Confianza Económica (IMCE) ) que elabora el Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP).
En conferencia de prensa, Ernesto O´Farrill, presidente de la Comisión de Análisis Económico del IMCP, destacó que la confianza empresarial sigue mejorando, pero a un menor ritmo, a medida que se observan riesgos a futuro en la actividad económica. Esto mientras las condiciones de inseguridad en el país, así como otros factores estructurales (la falta de capital y la corrupción), persisten entre los mayores obstáculos para el crecimiento de los negocios.
En mayo la pandemia cayó al séptimo lugar del IMCE como uno de los principales obstáculos para las empresas; esto luego de dos años en que se ubicó dentro de los tres primeros lugares. Todavía cuatro de cada 10 unidades económicas ven en la emergencia sanitaria uno de los mayores frenos para su crecimiento, pero esta ha sido desplazada por la disponibilidad de financiamiento, la burocracia y las políticas públicas.
Entre los vaivenes que ha tenido la generación del empleo formal en lo que va de 2022, las pequeñas y micro empresas han tenido un crecimiento sostenido de patrones y trabajadores, situación que contrasta con lo reflejado en unidades económicas de mayor tamaño, apuntó Rolando Silva Briceño , vicepresidente de Apoyo a Federadas del IMCP.
También en conferencia detalló que de los poco más de un millón de patrones registrados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, 99 por ciento son pequeñas empresas de 250 o menos trabajadores y son las que dan trabajo a más de la mitad de los trabajadores formales en el país.
En lo que va de 2022 se observa un incremento de 8 mil 314 patrones y 148 mil 771 trabajadores contratados en micro y pequeñas empresas. Esos datos contrastan con los de las grandes firmas, donde el número de aumentos aumentó en 18 y en 83 mil 228 el de trabajadores, 44 por ciento menos que en las unidades de menor tamaño.
“Más que una caída radical o incremento de trabajadores afiliados, estamos ante una recomposición de nuestro perfil laboral, en donde podemos presumir una pulverización de los grandes receptores”, dijo Silva. Lo anterior puede explicarse por las reformas fiscales y laborales, pero en todo caso se requieren apoyos para las pequeñas unidades, agregó.
Los integrantes del IMCP reiteraron la solicitud al Servicio de Administración Tributaria (SAT) para extender el plazo de la Carta Porte adjunto a los comprobantes digitales. Laura Grajeda, presidenta del organismo, calificó como «innecesario» el «exceso de información» que se pide en el documento.
Recalcó que dadas las condiciones de inseguridad en el país, los datos detallados del poseedor de la mercancía que se traslada agrava los riesgos. Reiteró que, además de una prórroga para que no sea en octubre, sino en enero de 2023, cuando concluya el «período de adaptación» sin sanciones para quienes no presenten la documentación en regla, es necesario depurar el cúmulo de información que se pide.
De acuerdo con datos del SAT, en el primer trimestre del año, el número de facturas en formato 4.0 a las que se adjuntó el complemento Carta Porte, fue 0.25 por ciento del total.
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