Rebeca Marín
La presidenta de la Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público en el Congreso de la Ciudad de México, Gabriela Salido Magos, recordó que con base al artículo 1° de la Ley de Justicia Alternativa del Tribunal Superior de Justicia para el Distrito Federal, la mediación es un método de gestión de conflictos para la solución de controversias entre particulares.
Por lo anterior y ante el hecho de que el desarrollo inmobiliario es privilegiado de manera discrecional por el gobierno capitalino, la integrante de la bancada del PAN en el recinto de Donceles y Allende planteó una modificación al artículo 90 de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, a fin fortalecer el mecanismo de mediación entre desarrolladores y personas vecinas ante conflictos derivados de las obras de construcción.
Señaló que esa legislación debe contemplar la mediación entre constructores inmobiliarios y vecinos, con personal del Centro de Justicia Alternativa, al tiempo que indicó que estudios demuestran que el crecimiento urbano desmedido y no planificado, genera desequilibrios e inequidades en las comunidades.
Al exponer que las controversias no atendidas en torno a un desarrollo inmobiliario, pueden traducirse en conflictos que favorezcan el deterioro del tejido social, la congresista panista aclaró que en la práctica, existen reuniones y mesas de concertación ante la alcaldía competente, para poder exponer con vecinos y el constructor el alcance de las medidas de integración, en el caso de existir dictamen de impacto urbano que obliga a realizarlas, sin embargo, el resultado puede darse como acuerdo entre las partes y hacer exigible por otra vía las obras o acciones señaladas.
En entrevista en la que explicó su iniciativa, delineó que “se trata de que las personas mediadoras debidamente acreditadas ante el Centro de Justicia Alternativa de la ciudad, puedan intervenir en los procesos en los que se deban acordar entre desarrolladoras y vecinos, la ejecución de obras derivadas de un dictamen de impacto urbano o impacto urbano ambiental”.
Salido Magos mencionó que lo anterior, bajo la premisa de que las personas que realiza esta función han sido debidamente capacitadas para llevar a buen puerto procesos en los que se necesiten generar acuerdos para evitar conflictos que deriven en la apertura de procesos judiciales, siempre en atención de la salvaguarda de los derechos de las partes, entre ellos el de una ciudad habitable, en consideración de que en múltiples ocasiones el ánimo no genera un ambiente favorable para la concertación.
“No existe duda que el crecimiento urbano actualmente es mal gestionado”, aclaró y sobre ello expuso “en lugar de tener nuevos centros urbanos que generen desarrollo económico y social, se intenta densificar territorios que apenas toleran su actual grado de densidad poblacional, ejemplo claro de esto son las siete zonas y 23 corredores que el gobierno de esta ciudad ha establecido para su desarrollo”.
La legisladora del blanquiazul delineó que. de acuerdo a especialistas, las consecuencias del crecimiento urbano no planeado, se traduce, entre otros, en problemas ante la carecía del desarrollo de proyectos que capaces de encontrar congruencia entre las políticas institucionales, los cambios tecnológicos y las redes de infraestructura urbana y de servicios.
Ello, abundó, se traduce en un mayor número de zonas con vulnerabilidad urbana porque el crecimiento espontáneo genera mayores carencias en cuanto a la prestación de servicios y la instalación de equipamiento e infraestructura, volviendo a la mediación un instrumento necesario para realizar la conciliación entre los nuevos desarrollos y colonos de las zonas que se verán afectadas, estableciendo bases para una mejor convivencia entre quienes lleguen a ocupar estas construcciones y quienes ya residen ahí.
Hizo un llamado a los diputados de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana del recinto de Donceles y Allende, a donde se remitió su iniciativa, que la misma sea analizada con la consideración de todos los aspectos que envuelven al desarrollo, mismo que de origen es necesario para beneficio de urbe y el país, lo que no justifica de ninguna manera que se realice de forma desordenada o con la vulneración del derecho a una ciudad habitable.
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