Rebeca Marín
La Cámara Nacional de la Industria Maderera (Canainma) señaló que no hay una sola evidencia que las madererías que han sido cerradas por el gobierno de la Ciudad de México estén vinculadas con la tala ilegal de árboles.
El cierre de empresas legalmente constituidas, “por razones administrativas y no por estar vinculadas a la tala ilegal” desafortunadamente ha afectado a las empresas, los empleados, transportistas, ejidatarios y demás sectores que participan de manera directa e indirecta en el sector maderero, indicó el presidente de Canainma, ingeniero Carlos Iván López Meixueiro.
Ante tal situación, informó que muchas madereras por solidaridad y temor han decidido bajar la cortina hasta que la autoridad desista de estas acciones.
Advirtió que de continuar esta situación, otras industrias en el corto plazo, se verán afectadas, ya que recordó que la actividad maderera fue considerada como un sector esencial para México durante la pandemia de SARS-CoV2 en 2020.
En conferencia de prensa, la Cámara de la Industria Maderera, en voz de su presidente, Carlos Iván López Meixueiro señaló que la industria desconoce la situación de los aserraderos, pero lo que sí sabe es que las madererías han sido cerradas por situaciones administrativas.
En relación al discurso pronunciado por el jefe de gobierno, Martí Batres, el pasado 25 de septiembre, con motivo de los “100 días de gobierno”, en el que se hizo referencia a las acciones contra la tala ilegal de árboles en las zonas boscosas de Tlalpan, Xochimilco, Milpa Alta, Tláhuac y Cuajimalpa, con el cierre de 37 aserraderos clandestinos y 57 madererías, la Canainma destacó lo siguiente:
Refrendó el compromiso de la industria para preservar la vida humana, de los bosques y los sitios de cultivo.
La Canainma “es solidaria con las autoridades locales, estatales y federales en el combate a la tala ilegal, no así en las acciones que se han seguido de carácter administrativo”, señaló.
Destacó que los establecimientos mercantiles denominados madererías cuentan con suspensión de actividades por documentación solicitada en las órdenes de visita de verificación realizadas por el Instituto de Verificación Administrativa (INVEA).
Señaló que en su mayoría, dichos establecimientos han acreditado su existencia con la documentación relacionada con uso de suelo, constancia de apertura de establecimiento mercantil con giro de bajo impacto y constancia de alineamiento y número oficial.
Sin embargo, advirtió que llama la atención que sí el término legal para subsanar irregularidades administrativas es de 10 días, el INVEA haya actuado de manera arbitraria y procedido a suspender actividades de manera inmediata, sin respetar dicho término legal y sin analizar la documentación que le fue exhibida. Además, hicieron constar la presencia de elementos de la Guardia Nacional en todos estos operativos.
Además de haber presentado los recursos administrativos correspondientes, la Cámara y las madererías afectadas informaron que han tratado de dialogar con las autoridades y concientizarlos de esta situación irregular, para que se proceda a la apertura de los negocios.
Dejó en claro que «no hay una sola evidencia de que las madererías cerradas estén vinculadas a la tala ilegal». Aclaró que el cierre de madererías no ha sido por el supuesto de tala ilegal, sino por cuestiones administrativas a cargo del INVEA.
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