Rebeca Marín
En el primer día de la entrada en vigor del Reglamento de la Ley para el Control del Tabaco, más de 500 tienditas y pequeños comercios de la Ciudad de México buscaron información, pidieron orientación y descargaron el formato para iniciar el proceso de amparo.
Esto confirma que la ciudadanía no está dispuesta a permitir abusos o actos de corrupción por parte de funcionarios, ya sea reales o falsos, que quieran aprovecharse de un reglamento confuso y con amplias lagunas legales, como ya ha sucedido anteriormente con otras disposiciones legales que son poco claras, señaló Gerardo López Becerra, presidente del Consejo para el Desarrollo del Pequeño Comercio (ConComercio).
El líder de ConComercio informó que esta organización empresarial abrió una página electrónica para brindar orientación legal y acompañamiento a los dueños y encargados de tienditas y pequeños negocios que quieran ampararse ante la entrada en vigor del reglamento antitabaco.
Informó que en el primer día, 500 empresarios de la Ciudad de México ya descargaron el formato de amparo, además de llamadas telefónicas para pedir informes y orientación legal. Consideró que este tipo de iniciativas se deben replicar en cada uno de los sectores, ya sean organizaciones de ciudadanos, restauranteros y hoteleros.
Gerardo López Becerra rechazó tajantemente que a los comercios en pequeño no tengan compromiso con la protección de la salud de la población, ya que este sector, las tienditas de barrio y los pequeños comercios fueron los que estuvieron en la primera línea de contención de la pandemia de Covid-19 al ser los primeros en promover el uso de cubrebocas, gel y sana distancia, e incluso, ser uno de los sectores que registró una de las tasas de mortalidad más elevadas.
“Como está redactado el reglamento se puede prestar a muchos abusos, actos de corrupción y aplicación discrecional”, declaró Gerardo López al considerar que dicha disposición criminaliza, es discriminatoria, violenta derechos humanos, es regresiva y tiene claros tintes persecutorios contra el consumo y venta de un producto legal, lo que puede aumentar el contrabando y mercado negro y ampliar la aplicación de políticas similares para otros productos que han sido satanizados en la actual administración.
La propia autoridad ha reconocido que Coferpris solo tiene 600 verificadores sanitarios a nivel nacional, lo cual es completamente insuficiente para hacer cumplir el reglamento, indicó López Becerra al considerar un error que ahora la autoridad sanitaria quiera involucrar a las autoridades de las alcaldías y a las policías en la vigilancia de esta norma, cuando la policía debe estar para perseguir a los criminales no a los fumadores ni a las tienditas que venden cigarros.
Al recordar que en la consulta convocada por la Conamer, las opiniones de los diferentes comerciantes no fueron escuchadas, el presidente de ConComercio advirtió que el único camino que les queda a los comercios es recurrir al amparo.
Nadie cree que el objetivo de este reglamento sea la protección de la salud de la población, cuando todos vimos como actuaron las autoridades durante la pandemia de Covid-19, señaló López Becerra al considerar que sí tanto preocupa la exposición al humo de segunda mano, la autoridad debería retirar de la circulación todos los vehículos automotores que lanzan todo el día una gran cantidad de emisiones al ambiente y mucho más dañinas a la salud.
El tabaco es un producto legal que ya estaba estrictamente regulado, por lo que la actual lógica prohibicionista del reglamento puede resultar contraproducente y sentar un antecedente para avanzar con la prohibición de otros productos, alertó.
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