Rebeca Marín
El alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, denunció penalmente por corrupción al secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda, Carlos Ulloa, por la expedición de 25 acuerdos de facilidades administrativas en la demarcación para la construcción y apertura de bares y restaurantes, aún sin contar con todos los permisos para hacerlo.
Recordó que a raíz de la pandemia, la Jefatura de Gobierno lanzó un acuerdo de facilidades administrativas para que empresarios de la Ciudad pudieran construir y aperturar negocios dándoles “chanche” de luego sacar todos los permisos necesarios.
No obstante, el alcalde dijo que la pandemia ya quedó atrás, pero se sigue con esta clase de facilidades y permisos, lo que afecta el uso de suelo de Miguel Hidalgo y causa molestia a las y los vecinos.
“Lo que quiero dejar muy claro es que el Secretario de Desarrollo Urbano pues está permitiendo y facilitando cambios en el uso de suelo que implican afectaciones a nuestras vecinas y vecinos, y que permite que las propiedades aumenten su valor simplemente por la decisión de modificar los uso de suelo. En donde no se permite un giro de impacto vecinal, ahora permiten bares, restaurantes y antros simplemente porque pueden”, lamentó.
Precisó que ya basta de denuncias mediáticas que pasan de largo, por lo que ahora decidió emprender acciones legales, y confió en que la Fiscalía General de Justicia capitalina “haga su chamba” e investigue y castigue a los responsables.
Mauricio Tabe comentó que si bien este acuerdo de facilidades administrativas todavía sigue vigente, no puede estar por encima de las leyes capitalinas.
“Una determinación del Ejecutivo no puede estar por encima de la ley; entonces, puede que esté vigente legalmente, pero que asuman la responsabilidad; a ver cuántos funcionarios quieren volver a firmar autorizaciones con esos acuerdos chocolates, qué asumen frente a la justicia y si ya la justicia le hace el favor y lo absuelve, pues entonces denunciaremos a quien en lugar de justicia están haciendo pactos”, puntualizó.
El edil panista dejó claro que esto no se trata de una persecución política, sino de legalidad.
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