Martín Aguilar
La audiencia donde serían imputados 10 ex funcionarios del Metro, por su presunta responsabilidad en el colapso de la Línea 12, se aplazó por segunda vez, ahora para el 7 de marzo de 2022, debido a que las partes no conocen los detalles del acuerdo reparatorio al que llegaron el gobierno de la Ciudad de México y Grupo Carso.
Luego de aproximadamente cuatro horas de comparecencia, aún no se logró avanzar a la etapa de imputación contra ninguno de los 10 ex servidores públicos, quienes son señalados por homicidio, lesiones y daño a la propiedad, todos culposos, por el derrumbe de la Línea Dorada el 3 de mayo pasado.
El abogado Cristopher Estupiñán anunció que tramitarán una amparo indirecto para conocer los términos del acuerdo, al señalar que durante el desarrollo de la audiencia el juez José Luis Palacios Hernandez respaldó a la Fiscalía General de Justicia para que no se dieran a conocer los términos de la reparación del daño.
Esto último bajo el argumento de que el acuerdo es de carácter confidencial; no obstante, este no aplica para las partes involucradas en el caso, por lo que el litigante consideró que el gobierno de la capital está protegiendo a Grupo Carso.
“En la audiencia anterior se le exigió a la fiscalía para que exhibiera el acuerdo reparatorio al que llegó con el gobierno de la Ciudad de México por 800 millones de pesos; no obstante, la fiscalía fue omisa al cumplir con este requerimiento, alegando una supuesta confidencialidad del acuerdo reparatorio, cuando la confidencialidad simplemente implica la no divulgación de la información, más no compartirla con las partes relacionadas en estos eventos.
“Tenemos derecho a conocer los alcances este acuerdo reparatorio y una obligación de no divulgarla; no obstante, la Fiscalía simplemente le dijo al juez que la Unidad de Mecanismos Alternativos no había autorizado proporcionar esta información, a lo cual él, en lugar de hacer valer su determinación, simplemente toma por buena la excusa de confidencialidad”, aseveró.
Ante esto, el litigante detalló que él, como representante de más de 20 familias, así como diez personas más, presentaron un recurso de revocación para conocer los términos del convenio entre Grupo Carso y el gobierno de la ciudad, lo cual no fue tomado en cuenta por el juzgador.
“Es vergonzoso que por una parte se está favoreciendo a las empresas para no proporcionar la información y por otra, además de no señalarlas ni imputarlas, sí está recibiendo la fiscalía argumentos de defensas de Grupo Carso, porque Grupo Carso ya presentó ante la fiscalía el mes pasado un dictamen pericial en el que se deslinde de responsabilidades”, añadió.
