Rebeca Marín
La Comisión Federal de Electricidad (CFE) rechazó que incurra en prácticas indebidas al realizar sus estados financieros y operativos y declaró que las acusaciones del Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco) «son mal intencionadas y forman parte del ataque permanente al que está sujeta la CFE».
El pasado 20 de julio, el Imco, que encabeza Valeria Moy, dio a conocer que la CFE distorsiona sus estados financieros y operativos para compensar las pérdidas económicas de sus empresas productivas subsidiarias con transferencias cruzadas de las áreas que presentan utilidades para la paraestatal, en contra de la ley.
«De esta forma, los estados financieros no reflejan la situación real de las distintas subsidiarias de la CFE, pues ocultan las transferencias de recursos o subsidios cruzados», detalló el Imco.
Sin embargo, la CFE respondió que estos señalamientos son falsos y que la CFE únicamente emplea instrumentos contables convencionalmente aceptados en México y a nivel internacional.
«Estas operaciones no constituyen subsidios cruzados, ya que no caen en las definiciones económicas ni fiscales de estos conceptos, y en cambio son aplicaciones de mejores prácticas internacionales, descritas por ejemplo en las “Guías para Empresas Multinacionales y las Administraciones Fiscales” emitidas por el Consejo para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE)», señaló la CFE, que dirige Manuel Bartlett Díaz.
En una respuesta pública, la CFE recordó que cada estado es revisado y validado exhaustivamente por diversas instancias, e las que interviene un Comité de Auditoría compuesto exclusivamente por los consejeros independientes de la CFE, y en el cual ha participado un miembro del Consejo Directivo del Imco y el actual coordinador de Energía del propio instituto, «al haber sido asesor de los consejeros independientes».
«Los Estados Financieros son también dictaminados por auditores externos y transparentados ante las autoridades fiscales y bursátiles en México y en los mercados, en los cuales la CFE es un emisor de reconocida solvencia y alto cumplimiento de estándares», añadió la paraestatal mexicana.
Por su parte, criticó que dicho organismo público se presenta como un centro de investigación en política pública, apartidista y sin fines de lucro, centrado en la promoción de la competitividad de México. Sin embargo, al analizar a sus directivos, financiamiento y posiciones, queda claro que responden a intereses más allá de lo académico».
Señaló que su Consejo Directivo está conformado por miembros de una élite firmemente posicionada, beneficiaria de privilegios que hoy se combaten y que responden a fuentes de financiamiento como es el Consejo Mexicano de Negocios y algunos de los empresarios más ricos del país y personajes que abiertamente se han declarado opositores al gobierno del presidente López Obrador.
«El Imco existe y subsiste por empresarios y actores internacionales (bajo el velo de filantropía y cooperación para el desarrollo) cuya agenda energética es afín a la apertura del sector a la iniciativa privada, en detrimento de las Empresas Productivas del Estado», concluyó.
