Rebeca Marín
Ejidatarios, sus representantes legales y senadores exigieron la intervención de la Fiscalía General de la República, la Secretaría de Gobernación y la Semarnat, ante un litigio que ganaron después de 20 años y en donde no se ha cumplido la sentencia contra la minera Penmont, filial de la compañía mexicana Fresnillo PLC, de Grupo Peñoles, emitida por el Tribunal Unitario Agrario (TUA) número 28, con número de expediente 188/2009.
Los ejidatarios afectados, entre otros Abel y Erasmo Cruz López, lamentaron que no se aplique la sentencia para restitución de sus tierras y la citada minera siga explotando de forma ilegal y a escondidas minerales como el oro, sumado a que otros ejidatarios también están realizando saqueo del mineral, todo ello por la falta de aplicación de la ley.
En entrevista en el Senado y acompañados de su representante legal, Marco Valle Grosso, expusieron que la citada resolución ordena a la minera regresar todo el oro y demás minerales extraídos en la zona, o bien entregarlos al núcleo agrario, al ser el legal propietario de las tierras, así como restablecer los cerros, con su flora y fauna del lugar, dejar el aire y agua totalmente libres de toda contaminación introducidas por actividades realizadas por dicha minera.
Valle Grosso expuso sumada la inacción de las autoridades federales y estatales en este conflicto y de la explotación ilegal del mineral que no se ha detenido, un grupo de ejidatarios que no fueron beneficiados con el fallo del tribunal, están también extrañando minerales, lo que ha generado violencia e inseguridad en la zona, así como amenazas de muerte contra los propietarios legítimos.
Incluso, afirmó, que un tío de la exgobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich, de nombre Rafael Pavlovich Durazo, también ha ocupado parte de estos terrenos de forma ilegal para la explotación y extracción de oro, lo cual ya ha sido denunciado ante autoridades agrarias y penales.
“Son 20 años de litigio, de conflicto de amparos que se han ganado en el papel, que ordenan la restitución de las tierras a los hermanos Cruz López, pero que en la práctica no se ha concretado por la burocracia o por la inoperancia de las instituciones a nivel federal y estatal”, agregó.
Subrayó que es indispensable que las autoridades federales como lo son la Secretaría de Gobernación, la Semarnat y la Fiscalía General de la República, tomen cartas en el asunto para terminar con este conflicto en el ejido Bajío, en Caborca y se haga valer el Estado de derecho en favor de sus legítimos dueños.
Los hermanos Cruz López explicaron que en 1991 llegó Penmont-Fresnillo para explorar el oro que se encuentra dentro del territorio de El Bajío, a través de acuerdos con algunos ejidatarios de forma particular y sin haberlos presentado a la asamblea ejidal, su máxima autoridad.
Todo ello “poniendo de pretexto tareas de exploración” pasaron de un momento a otro a la explotación, lo que ha provocado afectaciones al medio ambiente, todo lo cual ya fue resuelto en tribunales, pero aún sigue posesión y extracción ilegal del mineral, agregaron.
Al respecto, el vicepresidente de la Mesa Directiva del Senado, José Narro, con quienes se reunieron los ejidatarios, dijo que es urgente la intervención de la Secretaría de Gobernación y de la Fiscalía General de la República para restituir no sólo en el papel, sino en la realidad los terrenos a sus legítimos propietarios.
Recordó que “desde años se empezó a explotar esta mina, muy rica en oro y plata, de forma irregular, por lo que los ejidatarios, los propietarios, están demandando que se paguen los daños ocasionados, así como lo que han sustraído de minerales y después un acuerdo formal para arrancar el proyecto”.
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