Rebeca Marín
El Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana que lidera el senador Napoleón Gómez Urrutia, estalló la huelga en la empresa Arcelor Mittal que se ubica en el estado de Michoacán, bajo el argumento de que no se pagó el 10% de las participaciones de las utilidades que obtuvo la minera en 2021.
A las 12:00 horas de este miércoles 15 de junio, los trabajadores reunidos en Asamblea, luego de 40 días de negociaciones, acordaron colocar las banderas rojinegras, pues argumentaron que 3,500 trabajadores se vieron afectados por la negativa de cubrir la totalidad del pago.
Al respecto, la empresa lamentó dicha decisión «porque, además de escalar el conflicto, tendrá un impacto y serias consecuencias a corto, mediano y largo plazo en la estabilidad laboral y económica de la región de Lázaro Cárdenas, en el estado de Michoacán, en la cadena productiva nacional y en la economía del país dada la importancia del acero como insumo esencial para innumerables industrias».
Detalló que la empresa otorgaba el equivalente a tres meses de salario por concepto de pago de utilidades, tal y como lo establece la reforma, «dicho pago se realizó íntegra y puntualmente, así como en estricto cumplimiento al tope legal establecido en la Ley Federal del Trabajo. No obstante, los trabajadores han exigido cantidades superiores al máximo legal arguyendo la inconstitucionalidad del mismo, cuestión que no corresponde a la empresa resolver».
En ese sentido, Óscar de la Vega, especialista laboral de D&M Abogados sostuvo que el estallamiento de huelga es improcedente, «desde el punto de vista legal y técnico debe declararse inexistente, toda vez que carece de objeto legal. El hecho de que la empresa haya pagado por concepto de PTU el tope de tres meses a que se refiere el artículo 127 fracción VIII, deja sin efecto cualquier violación legal en materia de PTU y por ende, no se actualiza el supuesto de los objetos de huelga».
Añadió que hasta que no se pronuncie un Tribunal competente sobre la inconstitucionalidad del tope legal de tres meses, dicha disposición sigue siendo vigente «le guste o no a los sindicatos», por lo que deben someterse a este tope legal.
Asimismo, indicó que ahora corresponde a las autoridades laborales pronunciarse en sentido estricto apegado a la ley.
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