Rebeca Marín
Los hermanos Alberto y Armando Torrado, principales accionistas de la empresa y operadora de restaurantes Alsea, construyeron un lago artificial en su rancho en Valle de Bravo que es ilegal y fue responsable de afectaciones al ecosistema cuando se rompió a inicios de septiembre.
El oficio PFPA/17.1/2C.28/2021 de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) detalló que el acuífero -que abarca una superficie de unos ocho mil metros cuadrados en Acatitlán- no tiene la autorización correspondiente en materia de impacto ambiental para obras dentro del Área Natural Protegida (ANP) donde se encuentra el rancho Los Manantiales.
La superficie del bosque que fue afectada por el desagüe del lago, causado por el derrumbe accidental del bordo de contención, fue de aproximadamente siete mil 500 metros cuadrados y provocó la erosión del suelo forestal, así como derrumbe de árboles y flora de la zona.
“Se impuso clausura, mediante la colocación de dos sellos de clausura en el bordo afectado y la imposición de una medida de urgente aplicación”, notificó la dependencia. Además, indicó que la Unidad Jurídica adscrita determinará el resolutivo que en derecho proceda.
Según el oficio de la Profepa, en el predio se removió vegetación forestal con maquinaria pesada y “han derribado arbolado joven y adulto, con la finalidad de construir un lago artificial así como un complejo habitacional. Estas acciones se han realizado sin autorización alguna por parte de la Semarnat (Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales) en razón de que se ha realizado una búsqueda en las separatas de la Gaceta Ecológica de dicha Secretaría sin que se encuentre trámite o autorización para el proyecto denunciado” por el Observatorio Ciudadano de la Subcuenca de Valle de Bravo (OCVBA).
El Observatorio exigió a la Profepa, la Procuraduría Ambiental del Estado de México (Propaem), la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas de Valle de Bravo que la obra sea cancelada definitivamente y se sancione a los responsables del daño ambiental, además de que se les obligue a reparar los daños a los habitantes afectados en sus casas y sembradíos debido al desbordamiento.
“Dado el precedente, urgimos a la Profepa, Propaem, Comisión Nacional del Agua y Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas de Valle de Bravo a tomar acciones contundentes sobre otras obras anteriormente denunciadas por el OCVBA que, al igual, se presume se encuentran desarrollando presas privadas, sin contar con los permisos y autorizaciones correspondientes, como el desarrollo Sttupa Ranch que se construye en la zona del Capulin, en Avandaro”, concluyó la organización civil.
