Rebeca Marín
Los múltiples cambios energéticos impulsados por la actual Administración para lograr empoderar a las empresas estatales, Petróleos Mexicanos (Pemex) y Comisión Federal de Electricidad (CFE), han sido un fracaso.
Paolo Salerno, socio fundador de Salerno y Asociados, explicó que el fracaso en la centralización del sector energético es debido a que todo ha terminado en tribunales por las posibles violaciones a los derechos adquiridos tanto de las empresas como de los mismos ciudadanos.
«Estos tres años han representado un cambio definitivo en las políticas públicas, independientemente de que la idea de este Gobierno haya sido cambiar y llevar a cabo una transformación a una centralización del sector energético. Creo que el gran fracaso es que no se ha logrado ni una cosa ni otra, si el cambio radical que ellos querían hacer se hubiera implementado en el primer año con un cambio constitucional tal vez hubiera tenido sentido.
«Creo que el gran fracaso es que todos estos cambios han acabado en el tribunal, y cuando se llega ahí todos pierden, porque significa que el proceso de cambio ha fracasado; la violación o posible violación de derechos adquiridos en competencia y derecho al medio ambiente han prevalecido ante cualquier reforma que se ha querido hacer», advirtió Salerno durante su participación en el congreso Eficiencia Energética y Energías Limpias 2021.
Asimismo, dijo que la primera mitad del sexenio ha sido negativa porque ha generado una parálisis al sector en cuanto a la cancelación de proyectos, permisos y licitaciones de obras necesarias, como la construcción de grandes líneas de transmisión, así como miles de millones de dólares de inversión de extranjera directa que ya no llega a México y migró a países latinoamericanos como Chile o Perú.
En tanto, José María Lujambio, socio y director de Energía de la firma Cacheaux, dijo que los diferentes instrumentos impulsados por el Ejecutivo para implementar una nueva política energética no han sido exitosos porque no son acordes con la Constitución.
«Sencillamente no lo han sido porque no son acordes con la Constitución, en particular porque en los mercados de generación y comercialización de energía eléctrica no se puede otorgar una prioridad a las empresas del Estado sin que ello viole el artículo 28 constitucional.
«Por más que haya políticas de confiabilidad, acuerdos del Cenace, reformas legales, etcétera, si no se reforma la Constitución para establecer esta prioridad que al Presidente le interesa, no van a ser exitosos y se va a seguir judicializando el sector eléctrico, porque se van estar violando derechos de las empresas que compiten en estos mercados, pero también derechos colectivos como el de un ambiente sano», acusó Lujambio.
