Guerrero.- La Fiscalía General del Estado, (FGE) contrató militares con problemas legales y que “conspiran contra la estabilidad de Guerrero”, denunciaron comandantes de la institución, que exigen la renuncia de su titular, Sandra Luz Valdovinos Salmerón.
Uno de los casos de miembros del Ejército que trabajan en la fiscalía con antecedentes penales es el del Coordinador Regional de la Policía Investigadora Ministerial de Acapulco, Adalberto Araña Cruz, quien tiene abierta una carpeta de investigación en su contra, por los delitos de abuso de autoridad y acoso sexual, desde el año 2018 en Aguascalientes, cuando fue Jefe de Inteligencia, de la Secretaria de Seguridad Pública Estatal.
Sin embargo, Arana Cruz cuenta con un amparo, con número de expediente 295/2018, que le obsequió el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Aguascalientes, del Trigésimo Círculo.
Ante ello, el militar goza de la protección de la Justicia Federal y destaca el 27 de abril de 2018 como la fecha del último acuerdo.
En una carta redactada en aquella época por las presuntas víctimas de los abusos en los que habría caído el funcionario estatal junto con otro mando policiaco, denuncian que “ambos funcionarios acosan sexualmente a mujeres policías, y que algunas de ellas por presión y temor a perder su trabajo, aceptan los cortejos de los militares y salen con ellos solo por no perder su trabajo y mientras otras policías que se han rehusado aceptar las propuestas indecorosas de estos servidores públicos, son castigadas y maltratadas por no acceder a sus invitaciones”.
Los comandantes revelaron que a éstas irregularidades en la contratación de militares en la fiscalía, se suma la mala estrategia “alborotar el avispero” en los llamados puntos rojos de Guerrero, y ejemplo de ello es que precisamente al Coordinador Regional de la Policía Investigadora Ministerial de Acapulco, Adalberto Araña Cruz, se le asocia con el conflicto social que a principios de junio ocasionó la detención dos hombres y un menor de edad y el bloqueo de sus familiares en la carretera federal México-Acapulco.
Recordaron que esa “teoría de la conspiración” sobre la violencia en Chilpancingo, fue formulada recientemente por el obispo emérito Salvador Rangel Mendoza, quien en el caso de Petaquillas cuestionó: «¿Si saben que está tranquila la zona, a qué se mete el Ejército, la Guardia Nacional y la Policía Estatal?». «Pues van a provocar, y para qué, si saben que la perra es brava», respondió así mismo.
En ese contexto, Rangel Mendoza opinó que el problema es que en Guerrero, «desgraciadamente se les está saliendo de las manos el control de estos grupos; tanto a la gobernadora como a la fiscal, e igual a las presidencias municipales, porque no actúan a pesar de que saben quiénes
