Martín Aguilar
“Mi gobierno nunca hará ninguna vigilancia, espionaje, ni seguimiento en materia política”, presumió el gobernador de Puebla, Luis Miguel Barbosa Huerta, ante el escándalo nacional por la vigilancia al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, mediante el software Pegasus.
Pero el mandatario poblano omitió informar que su administración destinó más de 19.8 millones de pesos a la compra de equipos y capacitaciones para Geomatrix, un programa de vigilancia israelí que en México se utiliza para intervenir celulares y mensajes.
La organización Forbidden Stories publicó el pasado 19 de julio, en colaboración con otros medios de comunicación, que el gobierno mexicano usó Pegasus para la vigilancia de periodistas, activistas y del actual presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, junto con su familia.
Ante las revelaciones, el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, confirmó que presentaría denuncias ante la Fiscalía General del Estado (FGE), en contra de quienes intervinieron comunicaciones privadas en Puebla en los gobiernos anteriores al suyo.
Un detalle que no compartió Barbosa Huerta fue que su administración compró la licencia de Geomatrix, a través de Neolinx de México SA de CV, intermediaria de la empresa italiana especializada en la venta de software de vigilancia, Hacking Team, mediante la firma de dos contratos: el primero, del 13 de diciembre del 2019 por 18.8 millones de pesos, y el segundo, del 22 de septiembre de 2020, por 1 millón de pesos.
Estas contrataciones con la intermediaria de Hacking Team las firmó el Consejo Estatal de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública (CECSNSP), para beneficiar a la Fiscalía General del Estado (FGE) y combatir tanto el secuestro como delitos de alto impacto.
e-consulta solicitó al área de comunicación del CECSNSP los resultados del programa y la vigencia de las licencias, pero no dio comentarios, mientras que la FGE respondió: “te sugiero que metas una solicitud de acceso a la información vía transparencia, no me facilitan esa información”.
Desde 2016, la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) advirtió en su estudio “El Estado de la Vigilancia: Fuera de Control” que Puebla fue uno de los clientes de Hacking Team en 2013, tras contratar por más de 7.5 millones de pesos sus servicios. Durante diciembre de 2019 y en 2020, el gobierno de Barbosa Huerta superó esa inversión, con 19.8 millones de pesos para licencias de Geomatrix.
También el diario español El País documentó los vínculos con Geomatrix, pues en su edición del pasado 14 de abril publicó que “La Fiscalía de México ha contratado en los dos últimos años programas para el espionaje masivo de teléfonos móviles” y detalló que el gobierno de López Obrador adquirió el software para procesamiento de datos y vigilancia de móviles por unos 5.6 millones de dólares.
En el caso de Puebla, el primer contrato se concretó en diciembre del 2019 por 18.8 millones de pesos, mediante adjudicación directa que ganó Neolinx de México SA de CV., para proporcionar una licencia de 12 meses de Geomatrix, brindar capacitaciones de su uso y equipos para su ejecución.
Al igual que la FGR en sus contrataciones para el uso de Geomatrix, la versión pública del contrato DABS/GESAD-066/CECSNSP/113/2019 confirma que con los 18.8 millones de pesos se entregaron equipo y capacitaciones para el software que incluye el “módulo de geolocalización integrada para la ubicación de objetos con base a su conexión a la infraestructura celular” y cuyo programa permite “interceptar SMS, mostrar su contenido y destinatario”.
