Martín Aguilar
El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) ordenó a la Fiscalía General de la República (FGR) entregar versión pública de la carpeta de investigación abierta en torno al desplome de un tramo de la Línea 12 del Metro, el 3 de mayo, en la que no podrá ocultar los nombres de los funcionarios señalados por peculado y ejercicio ilícito del servicio público.
En cambio, deberá proteger los nombres de los denunciantes, excepto que sean servidores públicos.
Así lo resolvió el pleno del instituto en sesión pública de este miércoles, en la que se analizó un recurso de revisión promovido por un ciudadano que solicitó a la FGR diversa información relacionada con las denuncias presentadas por la caída de una trabe de la Línea 12 y a quien, en su respuesta inicial, la FGR aseguró que era un asunto que no le competía y por lo tanto, no tenía información sobre el tema.
El caso fue presentado por el comisionado Adrián Alcalá, quien, al exponer el asunto ante el pleno, dio a conocer que la FGR reconoció ante el INAI que existía una carpeta de investigación relacionada con el tema.
No obstante, la FGR procedió a clasificarla como información reservada, bajo el argumento de que se encuentra en etapa de investigación y porque en ella aparecen los nombres de los denunciantes y de los funcionarios imputados.
Además, Alcalá expuso que la FGR reveló al INAI que los delitos por los que se abrió la carpeta de investigación son el ejercicio ilícito del servicio público y peculado.
“Del análisis realizado por esta ponencia, y tomando en consideración las manifestaciones expresas de la fiscalía, se advirtió que se actualiza una excepción a la reserva de información que está prevista en el artículo 112 de la Ley Federal, ya que los delitos que se investigan se encuentran en el apartado denominado delitos por hechos de corrupción”, explicó Alcalá.
Por ello, el comisionado argumentó que se debe entregar una versión pública de la carpeta de investigación, en la que no se oculte el nombre de las personas a quienes se acusa.
“Respecto de las y los servidores públicos o ex servidores públicos imputados que se mencionan en la carpeta de investigación se realizó, por parte de esta ponencia, una prueba de interés público, en la cual se determinó que, si bien se actualiza la confidencialidad derivada del derecho a la protección de datos personales relacionados con el ámbito privado de las personas, su derecho al honor y la presunción de inocencia, lo cierto es también que dar a conocer el o los nombres de las o los servidores públicos o ex servidores públicos que se encuentran en esta investigación, permite fomentar la credibilidad de la sociedad en la rendición de cuentas a través de la transparencia y el ejercicio de la función pública, que tienen conferida las y los servidores públicos y con ello, evidenciar su actuar dadas las atribuciones que representan”, argumentó Alcalá.
«En cualquier acto en el que se advierta el uso de los recursos públicos destinados a la construcción o al mantenimiento de la Línea 12 del Metro, se privilegiará el derecho de acceso a la información en razón de la veracidad de los hechos ocurridos, principalmente para los usuarios y las víctimas del 3 de mayo del 2021, lo cual constituye un pilar fundamental de la transparencia garantizada por este Instituto Nacional», añadió el comisionado.
